El juicio por la denominada megaestafa de los planes sociales, donde se presume que una asociación ilícita compuesta por exfuncionarios y particulares defraudó al Estado mediante la entrega irregular de asignaciones y el desvío de fondos públicos que debían usarse para personas en situación de vulnerabilidad, se retomará este lunes, con otra audiencia clave.
En ella, comisarios y personal policial que tuvo un rol activo durante los allanamientos que se realizaron entre los imputados prestarán testimonios, para brindar datos sobre todo el material secuestrado.
La semana cerró con otras presentaciones importantes. Entre ellas el testimonio de un auditor que aseguró que manipulaban montos y listados, y de dos personas que dieron cuenta que el patrimonio de Isabel Montoya sufrió un crecimiento abrupto. Esta mujer es la pareja de Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización, quien funcionaba como coordinador de las extracciones, y es un arrepentido clave.
Surgen datos claves
Sobre ella habló un empleado municipal de Centenario, que trabaja en el área de Comercio y fue convocado por Montoya para habilitar un flamante centro de estética. También el dueño de una empresa que administra consorcios, que dio cuenta que en un barrio privado había adquirido un lote a su nombre, por el que se comprometió a pagar $34.000 dólares en cuotas de 8.000 dólares, que se sumaría a la entrega de un auto de alta gama. En el arreglo también se mencionaría a Sanz, al que aludiría citándolo como su pareja.
Cabe recordar que la causa investiga una supuesta megaestafa con planes sociales por un perjuicio superior a los 153 millones de pesos ocurrida entre 2020 y 2022. La actualización realizada en septiembre del año pasado elevó la suma a más de 1.000 millones de pesos. Son catorce los imputados por conformar una asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos.