El transporte público en las provincias argentinas atraviesa un momento de incertidumbre tras la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de postergar el paro de colectivos de 24 horas que estaba previsto para el viernes 14 de agosto.
La medida de fuerza, que afectaría servicios urbanos e interurbanos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quedó suspendida hasta que el Gobierno nacional emita una resolución oficial que podría incluir la conciliación obligatoria.
El conflicto salarial, fuente de todo reclamo
El conflicto se centra en la disputa salarial entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que lleva más de tres meses sin avances. El gremio reclama equiparar los sueldos de los choferes provinciales con los del AMBA, donde el básico ronda los $1.740.000 más viáticos.
Por su parte, FATAP sostiene que la diferencia en los subsidios estatales dificulta esa equiparación. Mientras en el AMBA los subsidios cubren cerca del 60% de los costos operativos, en las provincias apenas alcanzan el 10%, lo que imposibilita afrontar el aumento salarial sin incrementar significativamente las partidas presupuestarias o las tarifas para los pasajeros.
Durante los días previos, se llevaron a cabo audiencias virtuales convocadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, pero no lograron acercar posiciones. En las reuniones del 11 y 12 de agosto, el gremio insistió en replicar el acuerdo de Buenos Aires, mientras que las empresas reafirmaron su negativa por falta de recursos.
Ante el fracaso de las negociaciones, el Consejo Directivo Nacional de la UTA, conducido por Roberto Fernández, anunció el paro nacional en el interior del país para el 14 de agosto. Sin embargo, el 13 de agosto FATAP solicitó formalmente la conciliación obligatoria para suspender la huelga y obligar a negociar bajo supervisión estatal.
Hasta la tarde del 13 de agosto, la Secretaría de Trabajo no había dictado la conciliación, por lo que la huelga permanecía vigente. En provincias como Córdoba, Chaco, Entre Ríos y San Nicolás, las seccionales de la UTA confirmaron su adhesión total al paro en caso de no mediar un cambio en la postura gubernamental.
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que el paro se debe a la falta de acuerdo salarial y señaló que buscan hacer valer sus derechos a nivel nacional. Sobre la audiencia reciente, indicó: “Esta audiencia que tuvimos terminó con un pedido del subsecretario de trabajo que nuevamente empecemos las conversaciones para la solución de nuestro pedido salarial”.
Fernández destacó el impacto social del conflicto y la urgencia de resolver el reclamo para el sustento familiar, confiando en una solución la próxima semana. Mientras tanto, la UTA mantiene su reclamo de equiparación salarial, y FATAP insiste en que sin mayores subsidios o aumento de tarifas, el costo es insostenible para las empresas del interior.
Este conflicto refleja la fragmentación del sistema de transporte argentino y las marcadas diferencias entre el AMBA y las provincias. Miles de usuarios esperan la definición de la Secretaría de Trabajo, que determinará si la conciliación obligatoria desactiva la huelga o si la suspensión total del servicio se concretará desde la medianoche del viernes 14 de agosto.
