Los exintendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello están más cerca del juicio oral en el marco de la megacausa Techo Digno. El juez Marcelo Gómez rechazó la prescripción planteada por las defensas y confirmó la resolución dictada por la jueza de juicio Alejandra Berenguer. La decisión vuelve a colocar el expediente en el centro de la agenda pública en Río Negro.
La resolución ratifica lo dispuesto en primera instancia y descarta el sobreseimiento por el paso del tiempo en una causa que investiga presunta administración fraudulenta y peculado vinculados a la ejecución de planes de vivienda. También fueron rechazados otros planteos técnicos, como la nulidad de la acusación y el cambio de calificación legal de uno de los hechos.
El juez entendió que no hubo arbitrariedad en la decisión previa y que los argumentos ya habían sido respondidos de manera fundada. La jueza Berenguer, en su fallo de noviembre, había considerado que la acción penal no se extinguió, ya que uno de los imputados aún ocupa un cargo público, lo que activa la suspensión del plazo de prescripción contemplada en el artículo 67 del Código Penal. Sostuvo que esta disposición resulta aplicable en este caso, de acuerdo con la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
De esta manera, el expediente avanzará hacia la instancia de juicio oral, donde se debatirán los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Tortoriello, exintendente de Cipolletti y actual referente de La Libertad Avanza, es una figuras con proyección en la provincia.
Techo Digno
La causa Techo Digno lleva más de diez años de trámite y analiza la ejecución de fondos nacionales destinados a viviendas sociales entre 2013 y 2015. En Bariloche se dictó la absolución del exintendente Gustavo Genusso y esta semana, se resolvió la absolución del exintendente de Fernández Oro. En ambos casos los tribunales rechazaron la acusación por el delito de peculado.
En Roca, en una audiencia de formulación de cargos vinculada a la causa de Río Colorado, la jueza dio por formulados los cargos contra el legislador de Juntos Somos Río Negro Gustavo San Román por el delito de fraude a la administración pública y abrió el período de investigación. Sin embargo, desestimó el pedido de la Fiscalía respecto del delito de peculado.
En paralelo a esta resolución, distintos sectores políticos volvieron a expresar posiciones contrapuestas sobre el expediente. Mientras desde el ámbito judicial sostienen que se trata de una investigación compleja que sigue su curso procesal, dirigentes de la oposición cuestionan la extensión y el impacto institucional de la causa.
