Los abogados de Cristina Kirchner presentaron un informe económico que, según sostienen, puede aportar un nuevo elemento para cuestionar su condena en la causa Vialidad. El estudio señala que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los fondos destinados por la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional a obras públicas entre 2009 y 2015. La defensa busca incorporar estos datos a su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El informe fue elaborado a partir de una base de datos aportada bajo juramento por un testigo de la causa Cuadernos, que contiene información sobre los proveedores de obra pública durante esos años. Los abogados encargaron el análisis al economista brasileño Antonio Correa de la Cerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, de la consultora Specs, con sede en San Pablo.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre, la Fuente 14 financió durante el período analizado 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados de pago por un total equivalente a US$2.200 millones. De ese universo, 17 obras estuvieron vinculadas con las empresas del Grupo Austral alcanzadas por la causa Vialidad.
Esas 17 obras representan el 4,63% del total de proyectos, mientras que los 36 certificados correspondientes equivalen al 0,93% de todos los certificados analizados. El monto pagado fue de US$18,66 millones, que representa el 0,85% del total desembolsado por esa fuente presupuestaria durante el período estudiado.
El informe también sostiene que la participación de las empresas vinculadas a Báez fue disminuyendo con el paso de los años. Según el análisis, representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, para luego caer al 0,18% en 2011 y llegar al 0% entre 2012 y 2015.
Entre las 15 constructoras que concentraron el 75% del dinero financiado por la Fuente 14, además, no aparece ninguna de las empresas del Grupo Austral. El ranking está encabezado por IECSA, con el 16,36% del monto total, seguida por JCR, Benito Roggio e Hijos, José Cartellone Construcciones Civiles y Rovella Carranza.
Con estos números, la defensa pretende cuestionar el peso que tuvo la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la condena. El abogado Alberto Beraldi calificó el hallazgo como “monumental” y sostuvo que la expresidenta fue condenada como jefa de una supuesta asociación ilícita a partir de elementos que, según su interpretación, no se corresponden con la participación económica que tuvo el Grupo Austral dentro del conjunto de la obra pública analizada.
Beraldi hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa junto con Rafael Valim y Javier Borrego, los otros abogados que integran la defensa de la expresidenta. Los letrados buscan utilizar el nuevo informe para reforzar la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
La presentación ante la ONU incluye además tres pedidos cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de su prisión domiciliaria y una recomposición de la Corte Suprema, respecto de la cual los abogados cuestionaron su actual integración de tres miembros.
La defensa sostiene que, si el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución favorable, podría utilizarla posteriormente ante la Justicia argentina para solicitar una revisión de la condena y eventualmente pedir la suspensión de la ejecución de la pena. Beraldi afirmó que esperan una definición del organismo internacional para octubre.
El abogado también vinculó esa estrategia con la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda participar de las elecciones de 2027. Según explicó, una eventual revisión judicial podría incluir un pedido para suspender los efectos de la condena mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Por ahora, se trata de una estrategia planteada por la defensa y no de una decisión que haya modificado la condena vigente.
