El impacto político y judicial del femicidio de Agostina Vega sigue creciendo en Córdoba. Ahora, la atención se concentra sobre el fiscal Iván Rodríguez, el funcionario que en 2025 intervino en una causa contra Claudio Barrelier y autorizó su libertad bajo fianza meses antes del crimen de la adolescente. Hoy, su futuro institucional quedó en suspenso.
Rodríguez había sido designado el 30 de diciembre de 2025 por la Legislatura cordobesa como Procurador Penitenciario Adjunto, un cargo clave dentro del sistema de control penitenciario provincial. Su asunción estaba prevista para comienzos de junio, pero la controversia generada por el caso Agostina frenó todo el proceso.
El eje de los cuestionamientos apunta a una decisión adoptada por el fiscal en una causa previa que tenía como imputado a Barrelier por privación ilegítima de la libertad contra una mujer.
En aquel expediente, el acusado permaneció detenido cerca de veinte días y luego recuperó la libertad tras el pago de una fianza. Esa decisión hoy vuelve a estar bajo la lupa luego de que Barrelier fuera detenido e imputado como principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.
La repercusión del caso derivó en una ofensiva política inédita.
Legisladores de nueve bloques opositores presentaron ante la Sala Acusadora del Jurado de Enjuiciamiento pedidos formales para que se investigue la actuación de Rodríguez y también la del fiscal Raúl Garzón, quien actualmente tiene a su cargo la investigación por el asesinato de la adolescente.
Los pedidos de jury sostienen que podrían haber existido conductas vinculadas a mal desempeño, negligencia grave y demoras injustificadas en la tramitación de las causas. En el caso de Rodríguez, los cuestionamientos se centran especialmente en la decisión de haber otorgado la libertad a Barrelier sin valorar adecuadamente el riesgo que representaba y en la falta de una resolución definitiva del expediente previo.
Mientras tanto, la designación del fiscal como Procurador Penitenciario permanece congelada.
Aunque formalmente no fue revocada, distintas fuentes judiciales y políticas coinciden en que resulta prácticamente imposible avanzar con la asunción mientras exista la posibilidad de que enfrente un proceso de enjuiciamiento.
El caso Agostina abrió además un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema judicial y los criterios utilizados para otorgar excarcelaciones en causas vinculadas a violencia de género.
Organizaciones sociales y distintos sectores políticos vienen reclamando una revisión profunda de los mecanismos de protección a las víctimas y de las decisiones adoptadas por fiscales y jueces cuando existen antecedentes de conductas violentas.
Por su parte, el fiscal Raúl Garzón rechazó públicamente las acusaciones sobre una supuesta protección hacia Barrelier y aseguró que todas las decisiones tomadas en la investigación se ajustaron a las pruebas disponibles en cada etapa del proceso. También afirmó que será la Justicia la encargada de evaluar su desempeño.
A casi un mes del crimen que conmocionó a Córdoba, el expediente continúa sumando derivaciones.
Ahora, además de establecer las responsabilidades penales por el femicidio de Agostina Vega, la discusión también alcanza a quienes tuvieron en sus manos causas anteriores vinculadas al principal acusado y a las decisiones judiciales que, con el paso del tiempo, quedaron inevitablemente bajo escrutinio público.
