La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender hasta el 31 de agosto el plazo para que los funcionarios públicos alcanzados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública presenten sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes al año 2025. La decisión fue adoptada luego de que se prorrogara hasta el 27 de julio el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).
Según explicó la OA, la medida busca otorgar un período razonable para que los funcionarios puedan completar la documentación requerida, ya que entre el nuevo vencimiento impositivo y la fecha original fijada para el 31 de julio quedaban apenas cuatro días hábiles para cumplir con la obligación.
Qué información deben presentar los funcionarios
La declaración jurada patrimonial integral es un mecanismo de control previsto por la Ley 25.188 y tiene como objetivo transparentar la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos.
La presentación se realiza mediante el formulario F-1245 de ARCA, que incorpora de manera automática la información contenida en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales cuando estas ya fueron presentadas. En los casos en que esos trámites impositivos aún no estén registrados, los funcionarios deberán completar manualmente los datos patrimoniales exigidos por la normativa.
Impacto en el control y la transparencia pública
La prórroga no modifica las obligaciones establecidas por la legislación vigente ni exime a los funcionarios de presentar la documentación. El cambio únicamente amplía el plazo administrativo para concretar el trámite.
Las declaraciones juradas son una herramienta central para el seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios y para la prevención de posibles conflictos de interés o situaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
