La oposición pidió suspender la sesión especial prevista para este jueves en Diputados, en la que buscaban avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria estaba pautada para las 11, aunque desde el oficialismo ya anticipaban que no se lograría reunir el quórum necesario para abrir el debate. Finalmente, distintos bloques opositores enviaron una nota formal para dejar sin efecto la sesión y solicitaron una nueva convocatoria para el miércoles 20 de mayo, también a las 11.
En el escrito presentado ante la Cámara baja, los legisladores argumentaron el pedido en base a los artículos 35 y 36 del reglamento parlamentario. La nueva convocatoria incluirá además otros temas impulsados por el bloque peronista, que había condicionado su apoyo a la incorporación de iniciativas sociales dentro del temario.
La sesión había sido impulsada inicialmente por diputados de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Más tarde se sumó Unión por la Patria, aunque las diferencias internas sobre los proyectos a debatir terminaron complicando el armado político para garantizar la presencia de los legisladores en el recinto.
Desde el sector que conduce Germán Martínez reclamaban incluir proyectos vinculados a cuestiones sociales además del tratamiento sobre Adorni. Sin embargo, los bloques convocantes resolvieron limitar la discusión exclusivamente a la interpelación y a una eventual moción de censura contra el funcionario. Esa definición terminó alejando la posibilidad de alcanzar el número necesario para habilitar la sesión.
Entre quienes firmaron el nuevo pedido de convocatoria aparecen dirigentes de distintos espacios opositores, como Cecilia Moreau, Paula Penacca, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
Los proyectos presentados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes estatales y fondos públicos, además de pedidos vinculados a su patrimonio declarado.
