Un respaldo conjunto al proyecto de ley
Decenas de organizaciones, asociaciones civiles, agrupaciones y ciudadanos difundieron un documento conjunto para expresar su apoyo al Proyecto de Ley S-0228/2025, que propone modificar el tratamiento penal de las falsas denuncias dolosas. Entre los firmantes aparecen entidades de distintas provincias, organizaciones vinculadas a la defensa de derechos, familiares y colectivos que aseguran haber sido afectados por este tipo de situaciones.
En el texto también manifiestan su rechazo al documento titulado "Cambian las palabras, persisten los riesgos", elaborado por otras organizaciones que solicitaron al Congreso no avanzar con la iniciativa.
Las entidades sostienen que ese documento "pretende desaparecer y callar las voces de las víctimas de falsas denuncias" y afirman que el debate no puede excluir a quienes dicen haber atravesado procesos judiciales originados por denuncias falsas.
El principal reclamo: que el debate incluya todas las voces
Uno de los ejes del comunicado es el pedido para que el tratamiento legislativo contemple tanto la protección de las víctimas de delitos como la situación de quienes sostienen haber sido perjudicados por denuncias falsas realizadas con dolo.
Las organizaciones afirman que ambos objetivos "no son incompatibles" y consideran que el proyecto busca sancionar únicamente a quien denuncia "con conocimiento de la falsedad de los hechos", sin afectar a quienes actúan de buena fe.
Cuestionamientos al documento crítico del proyecto
El comunicado también dedica varios apartados a responder los argumentos utilizados por quienes rechazan la iniciativa.
Entre otros puntos, sostiene que el documento opositor presenta una interpretación incorrecta del alcance del proyecto, cuestiona el uso de determinadas estadísticas y afirma que el análisis excluye la experiencia de personas que aseguran haber sido víctimas de falsas denuncias.
Además, las organizaciones sostienen que el proyecto no modifica la denominada Ley Lucio ni elimina la obligación de denunciar hechos de violencia, sino que aborda una discusión distinta vinculada al Código Penal.
El pedido a los legisladores
En el cierre del documento, los firmantes solicitan que el Congreso continúe el tratamiento del Proyecto de Ley S-0228/2025 y que el debate incorpore a las organizaciones y personas que aseguran haber sido afectadas por falsas denuncias.
Según expresan, buscan que esa realidad también sea considerada durante la discusión parlamentaria y sostienen que la protección de las víctimas de violencia y la sanción de las denuncias dolosamente falsas pueden convivir dentro del sistema judicial.
