El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restablece la vigencia de la Ley de Tierras Rurales y mantiene los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. La iniciativa fue aprobada durante la sesión del jueves con 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de atravesar distintas modificaciones durante su tratamiento en el Congreso.
Con esta decisión, se mantienen las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un límite del 30% de extranjerización de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, continúa vigente el tope de 1.000 hectáreas por titular en las zonas núcleo del país, junto con las limitaciones vinculadas a espejos de agua y áreas de frontera.
El proyecto tuvo un recorrido legislativo complejo para el Gobierno nacional, que inicialmente buscaba eliminar las restricciones a la propiedad extranjera contempladas en la normativa. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias se incorporaron modificaciones que restituyeron la Ley de Tierras, luego de que Diputados introdujera cambios al texto original. La aprobación contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el bloque Justicialista y otros espacios opositores votaron en contra.
Otro de los puntos centrales de la nueva legislación está relacionado con los desalojos exprés de campos y viviendas usurpadas. El mecanismo permitirá que un juez intime la devolución de un inmueble en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario presente documentación que acredite la titularidad y que el magistrado considere verosímil el derecho invocado. La medida apunta a reducir los tiempos judiciales para recuperar propiedades ocupadas de manera irregular.
En cambio, para los casos de inquilinos que adeuden alquileres, se estableció un procedimiento diferente: el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda, contados desde la recepción de la notificación.
La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones, con mayores restricciones para que el Estado declare la utilidad pública de un inmueble. La nueva normativa establece que esa decisión deberá estar debidamente fundamentada y contempla un límite del 30% para las indemnizaciones correspondientes al lucro cesante. De esta manera, el Congreso sancionó una reforma que combina cambios en la protección de la propiedad privada, los desalojos y el régimen de tierras rurales.