La ciudadanía italiana ha sido, durante años, una puerta de entrada para miles de argentinos que buscan nuevas oportunidades en Europa. Ya sea con la intención de radicarse en Italia o en otro país de la Unión Europea, obtener este documento representa una ventaja en un contexto donde la crisis económica y social empuja a muchos a considerar la emigración como una opción viable.
El derecho a solicitar la ciudadanía italiana por descendencia se debe a las históricas olas migratorias que llevaron a miles de italianos a establecerse en Argentina. Gracias a ello, un gran porcentaje de la población cuenta con ascendencia italiana, lo que les permite tramitar la ciudadanía a través del principio de ius sanguinis. Sin embargo, un reciente decreto del gobierno de Giorgia Meloni podría restringir este acceso y afectar a quienes aún no han iniciado el proceso.
Hasta ahora, cualquier persona que pudiera demostrar su vínculo con un antepasado italiano tenía la posibilidad de gestionar la ciudadanía. Este sistema permitió que millones de descendientes de inmigrantes en Argentina y otros países de la región accedieran a la nacionalidad europea. Sin embargo, la nueva medida busca limitar este derecho y modificar los requisitos de elegibilidad.
Según lo dispuesto en el decreto, solo podrán obtener la ciudadanía quienes tengan un padre o abuelo nacido en Italia. Esto significa que aquellos que descienden de bisabuelos o generaciones anteriores quedarían excluidos del proceso. La justificación oficial del gobierno italiano apunta a la saturación de los consulados y al presunto abuso del sistema, especialmente en Sudamérica, donde la demanda se ha incrementado significativamente en los últimos años.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió la decisión afirmando que el reconocimiento de la ciudadanía no debe verse como un trámite burocrático para conseguir un pasaporte europeo con beneficios migratorios. "Ser ciudadano italiano es un compromiso serio, no un atajo para viajar libremente por el mundo", declaró, dejando en claro la postura del gobierno frente a la situación.
A pesar del impacto que podría tener esta medida, la reforma aún no es definitiva. Para que entre en vigencia, debe ser ratificada por el Parlamento italiano dentro de un plazo de 60 días. Si no obtiene la aprobación, el decreto perdería su validez de manera retroactiva.
Las repercusiones de este cambio han generado preocupación entre miles de argentinos que esperaban iniciar o completar su trámite. En las redes sociales, el tema se ha convertido en tendencia, con debates sobre la legitimidad de la medida y la posibilidad de presentar recursos legales para impugnarla. Organizaciones de descendientes italianos ya han manifestado su rechazo y buscan presionar al gobierno para que revise la decisión.
Sin embargo, el gobierno de Meloni cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para aprobar la reforma y podría recurrir a mecanismos como la "cuestión de confianza" para garantizar su implementación. De confirmarse esta modificación, miles de argentinos verían frustradas sus expectativas de acceder a la ciudadanía italiana en el futuro cercano.