La investigación que durante 13 meses llevaron adelante la Policía de Río Negro y la Justicia Federal permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas entre Allen y Bariloche. Entre los cinco imputados aparece Luis Ariel Morales, conocido como "Beybe", quien recuperó la libertad bajo caución, pero quedó formalmente acusado en una causa que expuso movimientos de dinero por cientos de millones de pesos, vehículos de alta gama y una compleja estructura que operaba a través de grupos de WhatsApp. Es hermano menor de Axel Adrián "Chinito" Araneda, protagonista del choque fatal de la Ruta 22 en el que murieron cuatro personas.
La causa federal comenzó a tomar forma a partir de una extensa tarea de inteligencia criminal desarrollada por personal policial durante más de un año. Los investigadores siguieron movimientos, analizaron comunicaciones, identificaron vehículos y reconstruyeron una red que, según la acusación fiscal, abastecía de cocaína y marihuana a la cordillera rionegrina. Entre las propiedades allanadas en Allen, está la chacra de Guerrico donde vivía el Chinito antes de estar preso y que antes fue de Felipe Ricardo Gutiérrez, padre de Ramiro Gutiérrez.
En ese contexto, uno de los nombres que apareció en el expediente fue el de Luis Ariel Morales. En Allen es conocido como "Beybe" y su apellido no pasó inadvertido para los investigadores ni para los vecinos de la ciudad. Su nombre está directamente ligado a una familia que desde hace años quedó asociada a distintos episodios vinculados al narcotráfico y a hechos policiales de enorme repercusión pública.
Además, Morales es hermano de Axel Adrián Araneda, más conocido como "Chinito". Se trata del conductor de la Volkswagen Amarok V6 que protagonizó uno de los siniestros viales más impactantes de los últimos años sobre la Ruta Nacional 22. En aquel hecho murieron quemadas cuatro personas cuando la camioneta que conducía impactó violentamente contra otro vehículo.
La tragedia generó una conmoción provincial porque, según se ventiló durante la investigación judicial de aquel caso, Araneda manejaba alcoholizado, se encontraba bajo el régimen de libertad condicional y además circulaba sin patente visible. El caso volvió a poner bajo la lupa a una familia que ya era conocida en los ámbitos policiales y judiciales.
La red narco operaba en Allen
Tanto el Chinito Araneda como su amigo Ramiro "Gitano" Gutierrez tenían un enorme poder adquisitivo. Y lo mostraban con autos lujosos de alta gama. Esta forma de operar es común a la de su hermano Morales. En la formulación de cargos, quedó claro que la forma de introducir el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas, es la compra y venta de vehículos.
La estructura de esta red descubierta por la Policía de Río Negro era muy amplia. La organización tenía una logística aceitada para trasladar droga desde el Alto Valle hacia Bariloche, utilizando vehículos particulares e incluso personas que actuaban como mulas en colectivos de larga distancia.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el movimiento económico detectado. Los informes incorporados al expediente revelaron operaciones financieras que superarían ampliamente los ingresos declarados por varios de los imputados. La fiscalía expuso que algunos de los sospechosos registraron movimientos por cientos de millones de pesos en poco más de un año.
Asimismo, durante las tareas de vigilancia, la Policía identificó una importante cantidad de vehículos utilizados por los acusados. Entre ellos aparecieron autos de alta gama, camionetas y motocicletas que, según la acusación, no guardarían relación con las actividades laborales declaradas por sus usuarios.
Por otra parte, la pesquisa reveló una modalidad de comercialización que muestra cómo el narcotráfico también se adapta a los tiempos digitales. Los investigadores lograron infiltrarse en grupos de WhatsApp y Telegram donde se ofrecían estupefacientes, se coordinaban entregas y se controlaba el ingreso de nuevos integrantes.
Finalmente, el juez federal Hugo Greca formalizó la investigación y dispuso distintas medidas cautelares. Martín Alejandro Castillo y Emiliano Rodrigo Jara quedaron detenidos con prisión preventiva junto con otros dos hombres que fueron acusados el domingo. Mientras que Morales recuperó la libertad tras depositar una caución real de seis millones de pesos y cumplir estrictas condiciones impuestas por la Justicia.
Sin embargo, la historia está lejos de terminar. La causa fue declarada compleja, involucra a unas 26 personas y tiene plazo de investigación hasta mayo de 2027. Durante ese tiempo se analizarán teléfonos celulares, computadoras, movimientos bancarios y billeteras virtuales para determinar el verdadero alcance de una organización que, según la hipótesis fiscal, movió más de 400 millones de pesos y extendió sus tentáculos desde Allen hasta la cordillera.
