Un sargento de la Policía de Río Negro fue acusado por abuso sexual agravado de una compañera dentro de la Comisaría 44° de Villa Manzano. La Justicia aceptó la formulación de cargos presentada por la Fiscalía y dio inicio a la investigación penal, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar sobre un hecho que habría ocurrido mientras ambos prestaban servicio en la dependencia.
De acuerdo con la acusación presentada durante una audiencia de formulación de cargos, el episodio ocurrió el pasado 22 de enero alrededor de las 18:40. La fiscal adjunta de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, sostuvo enla descripción del caso, que el sargento sorprendió a la mujer por la espalda en el sector de descanso del personal, conocido en la jerga policial como "la cuadra". En ese lugar, siempre según la imputación, realizó tocamientos sin su consentimiento, aprovechando la situación de vulnerabilidad y la relación de autoridad que mantenía sobre la víctima.
La gravedad del caso no radica únicamente en la denuncia por abuso sexual. La Fiscalía también atribuyó el agravante previsto por la ley para los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando el delito es cometido durante el ejercicio de sus funciones y valiéndose de la posición institucional que ocupan. Ese elemento podría tener un peso determinante a medida que avance la investigación judicial.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal presentó una serie de pruebas para respaldar la acusación. Entre ellas figuran la denuncia realizada por la trabajadora policial, los informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las pericias efectuadas por el Gabinete de Criminalística dentro de la propia comisaría y los testimonios de otros efectivos que prestan servicio en la unidad policial de Villa Manzano.
Por otra parte, llamó la atención la postura adoptada por la defensa del sargento. El abogado particular Matías Stiep no cuestionó en esta etapa ni la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía ni la calificación legal provisoria. De esa manera, la audiencia se concentró en definir si existían elementos suficientes para abrir formalmente la investigación, cuestión que finalmente fue avalada por el juez.
Finalmente, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió tener por formulados los cargos y habilitó el inicio de la investigación penal preparatoria. La Fiscalía dispondrá ahora de un plazo de cuatro meses para profundizar la recolección de pruebas y determinar si solicita la elevación de la causa a juicio.
