La Justicia avanzó este jueves sobre una vivienda de San Carlos de Bariloche en el marco de una delicada investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El procedimiento, que fue autorizado por la Justicia rionegrina y ejecutado por fuerzas especializadas en delitos tecnológicos, terminó con el secuestro de teléfonos celulares que ahora serán sometidos a exhaustivos peritajes forenses.
Cómo fue el operativo tras la alerta internacional
El allanamiento fue impulsado por el fiscal Facundo D'Apice, quien encabeza una causa que se inició tras la recepción de un reporte internacional vinculado a la circulación de imágenes y videos de abuso sexual infantil en plataformas digitales. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y contó con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) especializados en investigaciones tecnológicas, integrantes de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal (MPF) y personal del Gabinete de Criminalística.
Según trascendió, la pesquisa comenzó luego de que organismos especializados detectaran actividad sospechosa relacionada con la distribución de contenido ilegal. A partir de esa información, se activaron mecanismos de cooperación internacional que permitieron seguir el rastro digital hasta llegar a la ciudad cordillerana.
El reporte se originó a través del sistema CyberTipline, una herramienta internacional destinada a detectar y denunciar la circulación de material de abuso sexual infantil en internet. A medida que avanzó la investigación, los especialistas realizaron distintas tareas de inteligencia y análisis de datos para identificar al usuario presuntamente involucrado y establecer el domicilio desde donde se habrían realizado las actividades bajo sospecha. Ese trabajo permitió reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.
Qué elementos secuestraron las autoridades durante los allanamientos
Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares considerados de interés para la causa. Ahora comenzará una etapa clave: el análisis forense de esos dispositivos. Los especialistas buscarán determinar si contienen archivos vinculados a la investigación y si existe evidencia que permita establecer responsabilidades penales.
La causa continúa bajo estricta reserva debido a la sensibilidad de los hechos investigados. No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que los elementos secuestrados serán examinados para determinar la posible comisión de delitos relacionados con la tenencia, facilitación, distribución o incluso producción de material de abuso sexual infantil.
