El Ministerio Público acusó a una mujer de Catriel tras descubrir en su teléfono celular material de abuso sexual infantil (MASI): nada menos que 169 videos y 2 imágenes con víctimas menores de 13 años. El hallazgo se produjo durante un allanamiento por una causa de drogas y desató una investigación más profunda por parte de la Justicia.
Todo comenzó con un procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. En ese marco, la Policía Federal secuestró un celular de la imputada y lo sometió a pericias. Lo que parecía ser un paso rutinario, en el que se podría detectar las conexiones para comprara y vender drogas, se transformó en un descubrimiento estremecedor: el dispositivo contenía un verdadero archivo del horror.
El detalle del material encontrado
Los peritos confirmaron que el teléfono guardaba 169 videos y 2 imágenes de abuso sexual infantil. No se trataba de simples archivos aislados: estaban vinculados a enlaces que dirigían a la aplicación Telegram, lo que abre la sospecha de una red de distribución. La cantidad y la crudeza del material refuerzan la calificación agravada del delito, dado que las víctimas eran niñas menores de 13 años.
En la audiencia virtual realizada este martes, la fiscalía formuló cargos por tenencia de MASI agravada. La defensa particular no discutió los hechos ni la calificación legal, aunque intentó cuestionar el procedimiento técnico. Alegó que los peritos se extralimitaron al revisar aplicaciones que no estaban autorizadas. Sin embargo, la jueza de Garantías dio por válidos los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.
¿Qué es MASI?
El término MASI se utiliza en el ámbito judicial y policial para referirse a “Material de Abuso Sexual Infantil”, es decir, imágenes, videos o cualquier tipo de archivo digital que contenga abuso sexual de niñas, niños o adolescentes. Su sola tenencia constituye un delito gravísimo, agravado cuando las víctimas son menores de 13 años.
La legislación argentina, en línea con tratados internacionales de protección de la infancia, considera que la mera posesión de MASI perpetúa el ciclo de explotación y violencia contra los menores. Cada archivo representa un hecho de abuso real, y conservarlo, distribuirlo o acceder a él implica sostener y alimentar un mercado clandestino que vulnera los derechos más básicos de los niños. Por eso, la ley sanciona no solo a quienes producen o comercializan este material, sino también a quienes lo almacenan en sus dispositivos, aunque no lo hayan generado.
