Axel Adrián “Chinito” Araneda seguirá detenido con prisión preventiva por la tragedia de la Ruta 22 que terminó con cuatro integrantes de una familia de Catriel muertos y llegará tras las rejas a la audiencia de control de acusación del próximo 15 de septiembre, donde se definirá si la causa queda encaminada a juicio. La Justicia rechazó así cualquier posibilidad de que el acusado recupere la libertad mientras avanza uno de los expedientes viales más impactantes de los últimos años en Río Negro.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Claudia Lemunao, luego del pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal. Esta vez, además, la defensa particular de Araneda no se opuso a la prórroga. El dato no es menor: el “Chinito” llegará detenido a una instancia clave del proceso, prevista para el 15 de septiembre a las 9 en los Tribunales de Roca. Allí se discutirá la elevación de la causa a juicio.
La historia comenzó el 21 de noviembre de 2025, cuando la potente Volkswagen Amarok V6 que conducía Araneda impactó violentamente contra la parte trasera de una Ford EcoSport detenida en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22. El choque provocó un incendio y cuatro personas murieron: Liliana Cocuzza, de 60 años; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza, de 32; y dos niños de 4 y 6 años. Todos eran oriundos de Catriel.
El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez, quien quedó marcado para siempre por aquella escena. La familia viajaba desde Catriel a Las Grutas, donde tenían pensado pasar el fin de semana largo, cuando una situación con el equipaje obligó a detener la EcoSport. En cuestión de segundos, la Amarok, al mando de Araneda que regresaba de una noche de excesos, apareció a toda velocidad y el impacto terminó convirtiendo el vehículo familiar en una trampa de fuego.
Y justamente la velocidad es uno de los puntos que más pesa sobre Araneda. Los informes incorporados a la causa ubican a la Amarok circulando a una velocidad mínima superior a los 170 kilómetros por hora, en el momento previo al impacto. También se incorporó la utilización del teléfono celular momentos antes de la colisión.
Aunque en un primer momento se especuló que Araneda conducía bajo los efectos de estupefacientes, los estudios toxicológicos dieron negativo. De todas maneras, la alcoholemia, en cambio, había resultado positiva: 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese resultado no alcanzaba para aplicar el agravante legal más severo por alcoholemia, pero sí fue considerado dentro de la reconstrucción de las circunstancias del siniestro.
En aquella oportunidad, la defensa había intentado utilizar esos resultados para cuestionar la acusación y sostener que la situación procesal de Araneda se estaba debilitando. También había cuestionado la pericia de velocidad, señalando un posible margen de error. Sin embargo, la Justicia decidió mantenerlo detenido.
Ahora el escenario vuelve a endurecerse. Los informes que aparecen mencionados en la nueva instancia judicial vuelven a poner sobre la mesa el consumo de metanfetaminas, además del alcohol, como uno de los elementos que la acusación considera al reconstruir la conducta previa al choque. A eso se suma la velocidad extrema y el uso del teléfono.
Por otra parte, la Fiscalía volvió a poner el foco en un dato que acompaña a Araneda desde el comienzo del expediente: cuando ocurrió la tragedia, se encontraba bajo libertad condicional por una condena previa vinculada al narcotráfico. Para la fiscal Celeste Benatti, ese antecedente tiene un peso concreto a la hora de evaluar si existe riesgo de fuga. Según planteó durante la audiencia, los peligros procesales no desaparecieron y, por el contrario, adquieren mayor relevancia cuando la causa entra en una etapa cercana al juicio.
La explicación fiscal es directa: Araneda conoce las consecuencias de una condena efectiva y, por sus antecedentes, una eventual pena en esta causa no podría ser de ejecución condicional. Es decir, si fuera condenado, la perspectiva de terminar nuevamente en prisión aparece como un elemento central para evaluar su comportamiento durante el proceso.
Durante los primeros meses de la prisión preventiva, Araneda estuvo alojado en la Comisaría 3°, por un pedido de su abogado, ante conflictos con otros internos alojados en la cárcel de Roca. Sin embargo en marzo de este año estuvo al frente de una revuelta que obligó a un operativo especial del COER para contener la situación. Esto derivó en que el Chinito, como lo conocen en Allen, sea enviado directamente al Establecimiento de Ejecución Penal 2.
Así, nueve meses después de aquella mañana de noviembre que terminó con una familia destruida, el “Chinito” continúa tras las rejas y el expediente entra en una etapa decisiva.
Ahora queda una fecha marcada en rojo: 15 de septiembre. Ese día, en los Tribunales de General Roca, se realizará la audiencia de control de acusación. Allí las partes discutirán la prueba y la posibilidad de que el caso sea elevado a juicio.
Mientras tanto, Araneda seguirá detenido. La Justicia volvió a cerrar la puerta a la libertad del acusado y, con cuatro muertes sobre la mesa, el proceso avanza hacia la instancia en la que deberá comenzar a definirse su futuro judicial.
