Una segunda organización internacional puso bajo la lupa al fiscal federal Oscar Fernando Arrigo por su actuación en la causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche. Esta vez fue EMISCO, una entidad europea de derechos humanos que presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación y pidió que se investiguen presuntas irregularidades, se apliquen sanciones si corresponden y se aparte al funcionario del expediente.
La presentación fue firmada por Bashy Quraishy, secretario general de European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO), con sede en Estrasburgo, Francia. El escrito ingresó el 2 de noviembre y un día después el Ministerio Público Fiscal confirmó su recepción y registro bajo el número CUDAP: EXP-MPF:0001625/2026. No es una condena ni implica que las irregularidades estén acreditadas, pero abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre una investigación judicial que ya acumula controversias.
Uno de los capítulos más delicados apunta a Elena Makarova, la mujer rusa identificada por la Fiscalía como presunta víctima de trata. Según EMISCO, la mujer manifestó reiteradamente que no había sufrido explotación ni delito alguno por parte de Rudnev. La organización puso especial atención en una carta manuscrita del 13 de junio de 2025, dirigida al juez federal Gustavo Zapata, en la que Makarova habría rechazado expresamente su condición de víctima. Según la denuncia, el documento llegó a la Fiscalía cuatro días después, pero no habría sido informado oportunamente al magistrado.
El reclamo también incorpora otras presentaciones de Makarova, quien habría denunciado presuntas presiones para aceptar su condición de víctima, restricciones para comunicarse con su abogado y situaciones de aislamiento junto a su hijo recién nacido. EMISCO cuestiona además la posición de la Fiscalía durante una audiencia del 19 de septiembre de 2025. Para la entidad europea, corresponde determinar si se respetaron los derechos de la mujer y qué tratamiento recibieron sus planteos dentro de la investigación.
Otro eje apunta directamente a la estrategia para mantener a Rudnev detenido. La organización pide revisar los reiterados pedidos de prisión preventiva y las impugnaciones fiscales contra las decisiones que le concedieron el arresto domiciliario. Entre ellas menciona la resolución del 17 de octubre de 2025 y una nueva disposición de abril de 2026, posteriormente revocada por la Cámara Federal de Casación Penal el 4 de junio. EMISCO reclama establecer si existían riesgos procesales concretos que justificaran esas medidas o si podían aplicarse alternativas menos restrictivas.
Pero hay un documento que agrega especial sensibilidad al planteo: el informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal del 8 de octubre de 2026. Según la presentación, los especialistas concluyeron que Rudnev "no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario". La organización sostiene que la Fiscalía conocía los problemas de salud del imputado y reclama investigar cómo fueron considerados esos antecedentes médicos al sostener la continuidad de su alojamiento en prisión.
La denuncia también alcanza la responsabilidad de Arrigo como titular de la dependencia fiscal, aunque reconoce que algunas de las actuaciones cuestionadas fueron sostenidas por otros representantes del Ministerio Público, entre ellos Gustavo Révora y Tomás Labal. EMISCO pide determinar si el fiscal las dispuso, aprobó o consintió y si cumplió con sus obligaciones de supervisión.
La presentación se suma a otra denuncia disciplinaria impulsada por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR). Ahora, la Procuración deberá evaluar los planteos y decidir si corresponde avanzar con una investigación administrativa. Mientras tanto, la causa penal contra Rudnev continúa abierta y el fiscal Arrigo enfrenta un segundo cuestionamiento internacional por su actuación.
