La Justicia Federal abrió una nueva línea para determinar si funcionarios policiales y la exfiscal Sandra González Taboada incurrieron en delitos durante la investigación inicial por la desaparición de Sergio Ávalos. Las indagatorias a exjefes policiales fueron fijadas para septiembre.
La Justicia Federal investiga la actuación de la exfiscal provincial Sandra González Taboada y de exintegrantes de la Policía del Neuquén por su posible responsabilidad en irregularidades durante las primeras etapas de la investigación por la desaparición de Sergio Ávalos, ocurrida en junio de 2003.
El expediente, conocido como “Ávalos 2”, busca determinar si existieron conductas compatibles con un eventual encubrimiento, desvío de la investigación u otras responsabilidades penales. La causa se tramita de manera paralela al expediente principal, que tiene 19 procesados y avanza hacia el juicio oral.
Entre los primeros exjefes policiales convocados a declaración indagatoria se encuentran Osvaldo Almendra y Gustavo Javier Delaloye, quienes integraban el Departamento de Seguridad Personal de la Policía neuquina en 2003. Las audiencias fueron fijadas para el 16, 17 y 18 de septiembre.
La investigación también alcanza a otros integrantes de la estructura policial que participaron de las primeras diligencias y analiza el desempeño de González Taboada, quien por entonces estaba a cargo de la investigación provincial.
Una causa paralela al expediente que llegará a juicio
La apertura de Ávalos 2 no reemplaza ni frena la causa principal por la desaparición forzada del estudiante.
El expediente central tuvo un avance significativo en julio de 2026, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del propietario de Las Palmas, Pedro Raúl Nardanone, y dejó nuevamente a 19 imputados en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
La decisión de investigar por separado la actuación de quienes participaron de la pesquisa inicial apunta justamente a evitar que ese proceso se demore.
La Justicia Federal ya había anunciado en julio que abriría un legajo independiente para analizar la posible responsabilidad de funcionarios policiales y de la entonces fiscal provincial.
Qué se investiga sobre la primera pesquisa
Uno de los puntos centrales de la nueva investigación es determinar cómo se construyeron y sostuvieron las primeras hipótesis sobre el paradero de Ávalos y qué medidas fueron tomadas durante los primeros días y años posteriores a su desaparición.
Según los planteos de la querella, encabezada por los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio, se habría instalado una hipótesis vinculada con una presunta red de trata que habría llevado al joven hacia la Triple Frontera.
La querella sostiene que esa línea se habría basado en elementos que considera insuficientes y que terminó desviando la investigación de otras pistas vinculadas con lo ocurrido dentro del boliche Las Palmas.
La existencia y el alcance de esas eventuales maniobras forman parte de lo que deberá determinar la Justicia y no constituyen, por sí mismas, una responsabilidad penal ya establecida.
Las cámaras y los registros del boliche, bajo la lupa
Otro de los aspectos señalados por la querella está relacionado con las cámaras de seguridad de Las Palmas.
Los abogados de la familia plantean interrogantes sobre la interrupción de las grabaciones durante la madrugada del 14 de junio de 2003, precisamente cuando Ávalos fue visto por última vez.
También cuestionan que durante años no se haya profundizado sobre determinados registros internos del establecimiento, entre ellos el libro donde se habrían asentado episodios de violencia ocurridos dentro del local.
El funcionamiento del sistema de cámaras y el destino de esos registros aparecen entre los elementos que la investigación busca reconstruir.
Quiénes son los policías alcanzados por la investigación
Las actuaciones no se limitan a Almendra y Delaloye.
La investigación alcanza a distintos integrantes de la estructura policial que tenían funciones de conducción o intervención en la época de la desaparición. Entre ellos aparecen José Rosas Orellana, Walter Néstor Cofré, Julio Alberto Trepat, Claudio Rogero, Marcos Ariel Guzmán, Emilio Díaz, Diego Hugo Piccioli y Rubén Fabián Rebuffo, además de otros efectivos.
La Justicia deberá establecer, en cada caso, qué función desempeñaba cada agente, qué información tuvo a disposición y qué medidas adoptó u omitió durante la investigación inicial.
Ese punto es especialmente relevante porque no alcanza con haber formado parte de una estructura policial para determinar responsabilidad penal: deberán analizarse las conductas concretas atribuidas a cada persona.
La situación de Sandra González Taboada
La exfiscal provincial Sandra González Taboada también quedó bajo investigación en este nuevo expediente.
De acuerdo con información publicada sobre la causa, su defensa cuestionó los fundamentos de la imputación y sostuvo que existe un problema de analizar la investigación de 2003 utilizando elementos y conocimientos que surgieron muchos años después.
También planteó que la hipótesis de desaparición forzada adquirió formalmente otra dimensión recién en 2014, once años después de la desaparición.
González Taboada, por su parte, manifestó públicamente que no tiene nada que ocultar y que se pondrá a disposición de la Justicia.
El viaje de Asunción Ávalos y los fondos utilizados
Otro de los aspectos que la nueva investigación busca reconstruir está relacionado con el traslado del padre de Sergio, Asunción Ávalos, durante los primeros años de búsqueda.
La querella sostiene que existieron recursos provinciales destinados a alejar al padre de Neuquén y llevarlo a Paraguay para entrevistarse con una persona privada de su libertad.
Ese episodio es señalado como una posible pieza dentro de una estrategia destinada a desviar la investigación. La Justicia deberá establecer qué fondos se utilizaron, quién autorizó los gastos, cuál fue su finalidad y si existió alguna irregularidad.
Una desaparición que lleva más de 23 años
Sergio Daniel Ávalos tenía 18 años cuando desapareció. Era oriundo de Picún Leufú y estudiaba en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Fue visto por última vez durante la madrugada del 14 de junio de 2003, dentro del boliche Las Palmas de Neuquén capital.
Durante años, la investigación permaneció en el ámbito provincial. Posteriormente, el caso fue considerado como una desaparición forzada de persona, lo que llevó el expediente al fuero federal y permitió que la investigación continuara pese al paso del tiempo.
En julio de 2025, el juez federal Gustavo Villanueva procesó a 20 personas, aunque posteriormente distintas decisiones judiciales modificaron esa situación. En julio de 2026, Casación volvió a dejar a 19 imputados camino al juicio oral.
Por qué Ávalos 2 es relevante
La importancia de esta nueva causa radica en que no se concentra exclusivamente en qué ocurrió con Sergio Ávalos dentro o alrededor de Las Palmas, sino también en qué sucedió después.
La investigación plantea una segunda pregunta: ¿la primera pesquisa permitió esclarecer la desaparición o contribuyó a desviar determinadas líneas de investigación?
La respuesta podría tener consecuencias judiciales independientes de las que se discutan en el futuro juicio por la desaparición forzada.
También permitiría reconstruir, después de más de dos décadas, cómo actuaron las instituciones encargadas de buscar a Sergio durante las primeras horas, meses y años posteriores a su desaparición.
