Una mujer denunció que era víctima de hostigamiento por parte de un hombre con quien mantenía una relación de amistad y la Justicia de Río Negro ordenó una prohibición de acercamiento de 500 metros. Además, le impidió contactarla por cualquier medio y advirtió que, si incumple la medida, podría enfrentar una causa penal por desobediencia.
La denuncia fue radicada el pasado 23 de junio en la Comisaría de la Familia de Catriel, donde la mujer relató la situación que venía atravesando y solicitó medidas de protección. A partir de esa presentación, intervino el Juzgado de Paz local, que dio curso al expediente bajo el marco de la Ley Nacional 26.485, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la presentación, la denunciante explicó que conocía al hombre, identificado en el expediente con la letra C, porque ambos coincidían en encuentros futbolísticos y habían entablado una relación de amistad. Sin embargo, aseguró que el vínculo cambió con el paso del tiempo y que comenzó a sufrir situaciones de hostigamiento que la llevaron a recurrir a la Justicia en busca de resguardo.
Frente a ese escenario, el juez de Paz Daniel Delgado consideró que el caso debía tramitarse bajo la normativa específica sobre violencia de género por tratarse del mecanismo más adecuado para garantizar la protección de la mujer. En su resolución sostuvo que correspondía aplicar la legislación que brinda una tutela integral a las víctimas y analizar las medidas cautelares solicitadas dentro de ese marco legal.
Como primera respuesta, el magistrado ordenó una prohibición de acercamiento que impide al denunciado aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, ya sea en su domicilio, lugar de trabajo, establecimiento educativo o cualquier otro espacio que frecuente. La medida busca evitar cualquier contacto mientras avanza el proceso judicial.
Además, la resolución dispuso el cese inmediato de cualquier acto de perturbación o intimidación. La prohibición alcanza también a los mensajes de WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación que pueda utilizar el denunciado para contactar a la víctima. Al mismo tiempo, la Justicia le advirtió que el incumplimiento de las restricciones podría derivar en una causa penal por desobediencia a una orden judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal.
Por otra parte, el expediente fue remitido al Juzgado de Familia de turno, que será el encargado de definir cómo continuará el proceso y si corresponde mantener, modificar o ampliar las medidas de protección adoptadas. Las medidas dictadas tendrán una vigencia inicial de 90 días, aunque ese plazo podrá ser revisado por el fuero de Familia según la evolución del caso.
