La imagen de una cabeza de ciervo de 16 puntas en la caja de una camioneta fue el punto de partida de un caso que terminó con una sanción económica millonaria y tareas comunitarias para dos cazadores furtivos en Junín de los Andes. Pero más allá del hecho en sí, la resolución judicial puso el foco en la reparación del daño causado a la comunidad.
El Ministerio Público Fiscal acordó que los imputados paguen $6 millones y cumplan con trabajos comunitarios, en una salida alternativa que evita el juicio penal. La decisión fue presentada en una audiencia por la fiscal Inés Gerez y avalada por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.
El acuerdo establece que el dinero será abonado en tres cuotas y destinado a la Casa de las Infancias “Casa Lunas” y al merendero municipal de Junín de los Andes, instituciones que trabajan con sectores vulnerables. A su vez, uno de los acusados deberá cumplir 40 horas de tareas comunitarias, mientras que el otro realizará 20 horas. Todo deberá concretarse en un plazo de cuatro meses.
La resolución no solo apunta a sancionar, sino a generar un impacto directo en la comunidad afectada. En ese sentido, la fiscal Gerez remarcó durante la audiencia que la caza furtiva es considerada un delito grave en la región, tanto por el daño a la fauna como por los riesgos asociados al uso ilegal de armas.
El hecho ocurrió el 31 de marzo por la noche, en el sector de Puesto Aucapán. Un operativo se inició tras el alerta de personal de Fauna sobre una camioneta sospechosa. Al interceptarla, la Policía constató que los ocupantes transportaban los restos del animal recientemente cazado.
"La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública", expresó la fiscal Inés Gérez durante la audiencia.
Durante el procedimiento, se secuestró un fusil Mauser calibre 300 con mira telescópica y supresor de sonido, además de visores nocturnos, municiones y equipamiento de caza. La investigación también determinó que el arma estaba registrada a nombre de uno de los imputados, quien tenía su credencial vencida y se encontraba inhabilitado desde 2022.
La fiscalía encuadró el caso como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un juicio, se optó por una salida alternativa contemplada en el Código Procesal Penal, que prioriza la resolución del conflicto mediante la reparación.
El acuerdo incluye además el decomiso definitivo del arma y de todos los elementos utilizados en la actividad ilegal, que pasarán a manos del Estado provincial.
Ahora, el cumplimiento de cada uno de los compromisos será supervisado por el Ministerio Público Fiscal. Si los imputados cumplen con el pago y las tareas comunitarias en el plazo establecido, la causa será cerrada con su sobreseimiento. En caso contrario, el proceso penal continuará.
La resolución deja un mensaje claro en la región: la caza furtiva no solo tiene consecuencias legales, sino también económicas y sociales, con sanciones que buscan devolverle algo a la comunidad afectada.
