La causa por la presunta utilización de certificados médicos truchos para obtener licencias en la Policía de Río Negro volvió a tropezar este viernes en Viedma. La audiencia de formulación de cargos fue suspendida por segunda vez, por lo que los sospechosos todavía deberán esperar para conocer formalmente las acusaciones en su contra.
La investigación comenzó cuando el Consejo de la Función Pública detectó certificados que llamaron especialmente la atención. Según explicó su titular, Tania Lastra, varios documentos habían sido expedidos por una médica pediatra para policías y empleados públicos que, obviamente, no eran niños. El hallazgo derivó en la presentación judicial realizada por el Gobierno provincial a través del Fiscal de Estado.
El nuevo traspié tuvo una explicación concreta: el abogado Diego Broggini, defensor de la médica acusada y de otros dos sospechosos, debía participar de otra audiencia en Cipolletti. El juez Adrián Dvorzak consideró que, sin su presencia, no estaba garantizada la asistencia técnica de sus defendidos. Además, las defensas pidieron resolver primero distintas excepciones e incidentes procesales.
Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal propuso fijar una nueva fecha para tratar esos planteos y luego avanzar con la formulación de cargos. Dvorzak pidió a las partes “la mejor voluntad” para evitar que las audiencias sigan suspendiéndose y advirtió que el objetivo es que el expediente comience finalmente a tramitarse con normalidad.
La dimensión de la causa explica buena parte del desafío. Hay casi 130 personas involucradas, una cifra que el propio magistrado calificó como “inédita” para la Justicia provincial. Para poder avanzar, la Fiscalía dividió la investigación en nueve legajos, con audiencias previstas para grupos de entre 20 y 25 acusados.
El Gobierno de Río Negro sostiene que el caso no tiene solamente consecuencias económicas. La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern. Desde el Ejecutivo remarcan especialmente el impacto que genera la ausencia de policías en las calles y de docentes en las aulas.
“Lo que más nos molesta es la ausencia de esos empleados en sus lugares de trabajo”, sostuvo Lastra, quien remarcó que la falta de un agente policial afecta directamente el servicio de seguridad. Mientras la investigación ya lleva dos años y vuelve a quedar en suspenso, la Justicia deberá encontrar ahora la forma de que una causa que involucra a casi 130 personas deje de tropezar con los obstáculos procesales.
