Un concejal acusado de abuso sexual simple contra una adolescente quedó en el centro de una disputa judicial por sus fueros. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que se avance con el desafuero antes del juicio previsto para el 9 de diciembre, mientras que su abogado rechazó el planteo y sostuvo que el delito investigado no tiene relación con su función pública.
El pedido fue presentado durante una audiencia encabezada por los fiscales Francisco Marano y Ricardo Pridebailo. La acusación explicó que busca evitar que, una vez iniciado el debate, la defensa cuestione su validez por la inmunidad que le otorga al imputado su condición de funcionario.
El abogado defensor, Santiago Guenumil, se opuso a la solicitud. Argumentó que el hecho atribuido es ajeno al ejercicio del cargo y remarcó que su cliente se mantuvo a derecho durante toda la investigación, respondió a las citaciones judiciales y tiene previsto presentarse al juicio.
En la audiencia también intervino Juan José Álvarez Costa, defensor oficial de niñas, niños y adolescentes, quien respaldó el pedido fiscal. Además, cuestionó el planteo de la defensa para reservar la identidad del acusado y sostuvo que la protección debe concentrarse especialmente en la víctima.
La decisión quedó en manos del juez de juicio Guillermo Bustamante, quien anunciará su resolución el próximo 2 de noviembre, a las 9.30. Durante la audiencia, el magistrado aclaró que la restricción vigente sobre la difusión de información alcanza únicamente a la identidad de la víctima.
La causa forma parte de una investigación por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una adolescente, en la que otras dos personas ya atravesaron procesos judiciales. Uno de los acusados obtuvo una suspensión de juicio a prueba que continúa vigente, mientras que otro hombre fue condenado a seis años de prisión tras admitir el abuso sexual con acceso carnal.
Con el juicio previsto para diciembre cada vez más cerca, el planteo sobre los fueros se convirtió en una instancia clave para el avance del proceso. La resolución del juez determinará si el desafuero debe concretarse antes del debate oral, mientras que la responsabilidad penal del concejal por el hecho que se le atribuye deberá resolverse en el juicio.
