La megacausa que destapó una organización dedicada a cometer violentas entraderas en General Roca, Allen y Cipolletti tuvo a su primer condenado con nombre y apellido. Federico Agustín Gómez deberá cumplir 13 años de prisión luego de que la Justicia unificara la pena de 11 años que aceptó en un juicio abreviado con otra condena anterior de dos años, que quedó sin efecto porque volvió a cometer delitos.
La resolución fue dictada durante una audiencia virtual encabezada por el juez Fernando Sánchez Freites, junto a los magistrados Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot. El Tribunal hizo lugar al planteo impulsado por el equipo fiscal liderado por Belén Calarco, junto con las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Hasta ahora, la identidad de Gómez se mantenía bajo reserva por orden judicial para no afectar las ruedas de reconocimiento que aún estaban pendientes. Sin embargo, una vez unificada la condena, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente quién era el primer integrante condenado de la organización criminal.
En el juicio abreviado, Gómez reconoció haber integrado la asociación ilícita y admitió su participación en ocho hechos delictivos. Según la acusación, la banda estudiaba durante días a sus víctimas, llegaba a las viviendas en vehículos robados, escalaba paredones y techos para ingresar por sorpresa y reducía a los ocupantes utilizando armas de fuego. Después de atarlos con alambres o precintos, exigían dinero, dólares y objetos de valor, y antes de escapar se llevaban los DVR de las cámaras de seguridad para borrar pruebas.
El Tribunal también declaró la reincidencia del condenado y tuvo en cuenta que renunció a los plazos para apelar el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Esa decisión acelerará el inicio del cumplimiento efectivo de la condena en los próximos días.
Mientras Gómez se convirtió en el primer condenado de la megacausa, la investigación está lejos de terminar. El expediente sigue avanzando contra el resto de los integrantes de la presunta organización. Según informó la Fiscalía, once imputados continúan sometidos al proceso penal mientras se incorporan nuevas pruebas en una investigación que busca reconstruir una seguidilla de violentas entraderas cometidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en el Alto Valle.
