Abuelos marcados, robos en serie y una banda que se creía impune. Mensajes en clave, autos usados para delinquir y celulares bajo la lupa fueron parte de las pruebas con las que la fiscalía llevó este martes a tribunales a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que estafaba y robaba a adultos mayores en distintas ciudades del Alto Valle y Neuquén, una seguidilla delictiva que terminó con allanamientos simultáneos, detenciones y prisión preventiva.
Todo salió a la luz durante una audiencia cargada de detalles, donde las fiscales Verónica Villarruel y Belén Calarco desmenuzaron una investigación que apunta a una banda organizada, activa entre el 1 de octubre y el 27 de noviembre, con golpes registrados en General Roca, Villa Regina, Allen, Cipolletti y Neuquén capital.
Según la acusación, los ahora detenidos no actuaban al azar. Por el contrario, coordinaban movimientos, roles y logística a través de mensajes, en los que usaban términos codificados para referirse a los autos utilizados y a la necesidad de ocultarlos tras los robos. Esa hipótesis se sostuvo con registros de cámaras de seguridad, informes de geolocalización de celulares y el seguimiento de vehículos que aparecieron cerca de los hechos.
Uno de los puntos más contundentes fue el destino de una Jeep Compass, utilizada en algunos de los robos y hallada completamente quemada en una zona de chacras de Allen, lo que para la fiscalía demuestra el nivel de organización y el intento deliberado de borrar rastros.
En la audiencia, los tres hombres quedaron imputados no solo como integrantes de una asociación ilícita, sino también por su participación directa en distintos hechos. Uno fue acusado por tentativa de robo en poblado y en banda, otro por robo en poblado y en banda, y el tercero por robo agravado en poblado, en banda y con uso de arma de fuego impropia.
El Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva al considerar que, aunque los imputados no registran antecedentes penales, las calificaciones legales prevén penas de cumplimiento efectivo. Pero el argumento más fuerte fue otro. “No podemos perder de vista que estas personas ultrajaron domicilios y atacaron a personas en situación de extrema vulnerabilidad, sabiendo que eran adultos mayores”, remarcó la fiscal del caso ante el juez.
Además, se alertó sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la forma en que ocultaron o destruyeron pruebas, y la existencia de un testigo de identidad reservada, cuya seguridad debe ser preservada.
En paralelo, los celulares secuestrados en los allanamientos serán enviados a la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) para un análisis exhaustivo, mientras se avanzará con reconocimientos de personas y nuevas medidas probatorias.
Por pedido de la fiscalía, el juez de Garantías resolvió que no se publiquen datos ni imágenes de los imputados, justamente para no afectar las diligencias pendientes.
Las defensas intentaron frenar la prisión preventiva. El defensor penal público propuso tobilleras electrónicas y prohibiciones de acercamiento, mientras que el abogado particular de uno de los acusados sostuvo que su asistido tiene trabajo estable y hijos menores a cargo. Nada alcanzó.
Finalmente, el juez rechazó los planteos, dio por formulados los cargos y dictó dos meses de prisión preventiva para los tres imputados. Para la fiscalía, la investigación recién empieza y los teléfonos pueden terminar de cerrar el círculo de una banda que, según sostienen, actuó con método, coordinación y una violencia que no distinguió edades ni vulnerabilidades.
