La noticia ya es definitiva. Mariela Fernanda Marzano, la mujer que ejerció durante más de cinco años como médica sin contar con el título habilitante, no irá presa. El juez federal de Garantías Hugo Greca homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, que estableció una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación y la sentencia quedó firme. Así, el caso que expuso una trama de documentación falsa y ejercicio ilegal de la medicina tuvo un desenlace penal sin prisión efectiva.
La resolución confirma el acuerdo que ya había trascendido días atrás, pero ahora tiene respaldo judicial definitivo. Marzano fue condenada por seis hechos relacionados con el ejercicio ilegal de la medicina, la utilización de títulos y documentos falsos y defraudaciones contra el Estado provincial y empresas privadas. La pena no significa que haya sido absuelta ni que la Justicia haya considerado que las conductas no existieron: se trata de una condena penal cuyo cumplimiento quedó condicionado a las reglas establecidas.
La investigación reconstruyó un recorrido de cinco años, seis meses y 19 días durante los cuales Marzano trabajó en distintos ámbitos sanitarios de General Roca. El expediente incluyó su paso por el hospital público, la Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y un consultorio privado. Para presentarse como médica, utilizó documentación que pretendía acreditar una formación universitaria que no tenía. El caso dejó expuesta una pregunta inevitable: cómo logró sostener durante tanto tiempo esa actividad sin contar con la habilitación correspondiente.
Las verificaciones universitarias aportaron una de las pruebas centrales. La Universidad de Los Andes, en Venezuela, informó que el folio del supuesto diploma pertenecía a otra persona y que Marzano nunca había estado inscripta en sus carreras. Por su parte, los registros de la Universidad Nacional del Comahue indicaron que había aprobado materias hasta tercer año de Medicina, con un avance del 49,66 por ciento. Haber cursado parte de la carrera, sin embargo, no la habilitaba para ejercer como médica.
El costado económico también quedó incorporado a la causa. Según la investigación, Marzano cobró $96.626.898 por su desempeño en la Clínica Roca. La sentencia, además, contempla condiciones que deberá cumplir durante dos años. Entre ellas figura la entrega, dentro de un plazo de 30 días, de un dron y un disco rígido externo de dos terabytes a una unidad de Gendarmería Nacional en General Roca, además de una notebook y dos pendrives a la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro en Río Colorado. La entrega del equipamiento fue acordada como alternativa a la realización de tareas comunitarias.
La resolución también ordenó que el instrumental médico secuestrado sea destinado al Hospital Francisco López Lima y que se destruyan sellos, recetarios, guardapolvos y credenciales vinculados con la actividad investigada. Son medidas que acompañan una condena que no se cumplirá tras las rejas, pero que impone obligaciones concretas. La ejecución condicional no elimina la sentencia: su incumplimiento puede generar consecuencias judiciales, según las circunstancias y las reglas aplicables.
En paralelo, el caso mantiene abierto otro capítulo sensible: las denuncias relacionadas con la muerte de seis pacientes que habían sido atendidos por Marzano. Esas actuaciones fueron archivadas por la Justicia provincial, según las publicaciones del caso, porque los informes forenses no permitieron establecer que su intervención hubiera sido determinante en los fallecimientos. Los familiares cuestionaron el acuerdo y anticiparon que consultarían qué alternativas existen para revisar esas decisiones. Marzano no fue condenada por esas muertes en la causa federal, una distinción necesaria para no mezclar expedientes con objetos diferentes.
La homologación cierra la discusión sobre el acuerdo penal, pero no borra los interrogantes que dejó el caso. Cómo se verificaron sus credenciales, qué controles realizaron las instituciones que la contrataron y por qué las irregularidades no se detectaron antes son preguntas que exceden la condena individual. La novedad judicial es concreta: la sentencia quedó firme y la falsa médica no irá presa. La discusión de fondo, en cambio, sigue siendo cómo pudo ejercer durante años una profesión para la que no tenía título habilitante.
