La mujer que ejerció como médica sin título habilitante en Río Negro reconoció los hechos y acordó una pena de tres años de prisión en suspenso, un desenlace que vuelve a poner el foco en Mariela Fernanda Marzano: hace apenas una semana, la Justicia provincial había descartado una relación entre su actividad profesional y las muertes de pacientes que estaban bajo su atención. Ahora, la causa federal llegó a una instancia decisiva por el uso de documentación presuntamente falsa, el ejercicio ilegal de la medicina y las maniobras para cobrar por trabajos en instituciones sanitarias.
El acuerdo abre una nueva etapa en una historia que expuso una pregunta incómoda: cómo pudo una mujer desempeñarse durante años como médica en distintos establecimientos de salud sin contar con un título válido. Pero hay una diferencia fundamental: los tres años de prisión acordados no significan que vaya a cumplir condena en una cárcel. La pena es de ejecución condicional y todavía debe ser homologada por el juez federal Hugo Horacio Greca.
La investigación federal reconstruyó un período que se extendió desde el 13 de agosto de 2020 hasta el 3 de marzo de 2026. Durante ese tiempo, según la acusación, Marzano ejerció la medicina, recetado y suministrado medicamentos, firmado certificados y realizado tareas propias de una profesional sin contar con la habilitación correspondiente. No se trató de una aparición fugaz ni de una actividad limitada a un solo lugar: la causa alcanzó al Hospital Francisco López Lima, la Clínica Roca y el Sanatorio Juan XXIII, todos en General Roca.
El expediente también puso bajo la lupa la documentación que habría utilizado para ingresar al sistema sanitario. La Fiscalía sostuvo que presentó un título venezolano falsificado y una resolución falsa del Ministerio de Educación nacional para conseguir la matrícula profesional. Esa documentación fue utilizada, además, para obtener una copia certificada ante un escribano. El caso dejó así de ser solamente el de una mujer que se presentaba como médica y pasó a abarcar una cadena de maniobras para darle apariencia legal a una actividad para la que no estaba habilitada.
En el hospital público trabajó durante 26 meses y cobrado los salarios correspondientes. En la Clínica Roca, en tanto, la cifra expuesta durante la audiencia fue todavía más impactante: cerca de 96 millones de pesos por su actividad entre 2020 y 2026. A eso se sumaron las tareas y los pagos por guardias que realizó en el Sanatorio Juan XXIII. Los montos forman parte de los hechos atribuidos por la Fiscalía y no equivalen, por sí mismos, a una deuda de devolución ya establecida judicialmente.
El acuerdo
Sin embargo, el desenlace penal tiene un dato que sobresale por encima del resto: tres años de prisión, pero en suspenso. El acuerdo pleno entre la acusación y la defensa contempla que no cumpla esa pena en una cárcel, sujeto a las condiciones que establezca la sentencia si el juez lo homologa. Entre los motivos considerados aparecen la falta de antecedentes penales y el cumplimiento de las medidas cautelares que se le habían impuesto durante el proceso.
La causa también prevé reglas de conducta, como mantener actualizado el domicilio y el teléfono, someterse al control correspondiente y no cometer nuevos delitos. Es decir, la pena acordada no equivale a una absolución, pero tampoco implica encierro efectivo. Esa diferencia será central para entender el alcance de la resolución judicial cuando se conozca la decisión definitiva del magistrado federal.
No tuvo relación con la muerte de sus pacientes
El otro capítulo, el de los pacientes fallecidos, exige una precisión que no puede perderse entre los titulares. La semana pasada, la Justicia provincial archivó las investigaciones vinculadas con seis muertes al considerar que los elementos reunidos no permitían establecer una relación entre esos fallecimientos y la actividad profesional atribuida a Marzano. Esa decisión no la convirtió en médica habilitada ni cerró la causa federal por el ejercicio ilegal de la medicina y la documentación cuestionada. Tampoco impide que las investigaciones puedan reabrirse si aparecen nuevos elementos relevantes.
Así, el caso Marzano acumula dos definiciones judiciales de naturaleza diferente: por un lado, el archivo de las investigaciones por las muertes ante la falta de elementos que vincularan esos hechos con su actividad; por el otro, un acuerdo penal por el ejercicio ilegal de la medicina y otros hechos relacionados con documentación y cobros.
La pregunta que queda abierta ya no se limita a la responsabilidad individual de Marzano. También apunta a los mecanismos que debían verificar sus credenciales, validar la documentación y controlar quién estaba autorizado a atender pacientes. Porque mientras la Justicia define la pena que finalmente le corresponderá, todavía queda una cuestión de fondo: cómo pudo sostener durante años una actividad médica en distintas instituciones y qué falló para que la irregularidad no fuera detectada antes.
