Una contadora de Villa Regina quedó imputada por la Justicia luego de ser acusada de utilizar la clave fiscal de un excliente para emitir nueve facturas electrónicas por casi 40 millones de pesos. La víctima denunció que nunca autorizó esas operaciones, que no realizó los trabajos facturados y que tampoco recibió el dinero, mientras que la maniobra le habría generado obligaciones fiscales y gastos para intentar regularizar su situación.
El caso salió a la luz durante una audiencia de formulación de cargos realizada este viernes, donde la Fiscalía reconstruyó cómo se utilizó el acceso a la cuenta tributaria del denunciante. La acusación apunta a una relación profesional que terminó y que, según la investigación, dejó una llave abierta mucho después de que la contadora dejara de prestar sus servicios.
El cliente le había entregado su clave fiscal a la profesional cuando todavía era su contadora. La autorización, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, tenía un objetivo concreto: realizar la liquidación correspondiente al último período en el que había trabajado con ella.
Pero, siempre según la acusación, ese permiso habría sido excedido. Entre agosto y septiembre de 2024, se generaron nueve comprobantes electrónicos utilizando los datos tributarios del excliente.
Y detrás de esas nueve facturas apareció una cifra que encendió todas las alarmas: casi 39,5 millones de pesos. El denunciante aseguró que las operaciones no eran suyas, que no había realizado los trabajos consignados en los comprobantes y que jamás había cobrado esos importes.
El problema no quedó solamente en una pantalla del sistema tributario. Según la Fiscalía, la emisión de las facturas provocó obligaciones fiscales a nombre del hombre y lo obligó a realizar distintas gestiones para intentar corregir una situación que, sostiene, nunca había generado.
Además, la acusación plantea que el uso de la identidad tributaria del excliente había permitido confeccionar documentación correspondiente a operaciones que él desconoce. Por eso, la investigación no se limita a determinar qué ocurrió con las facturas, sino también cómo se produjo el acceso al sistema y quién realizó las operaciones.
La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como acceso indebido a un sistema informático de acceso restringido, agravado por tratarse de un organismo público, en concurso real con falsificación de documento privado.
Frente a la acusación, la defensa de la contadora Carolina Apis intentó cerrar el expediente antes de que avanzara la investigación. Durante la audiencia sostuvo que los hechos estaban prescriptos y pidió el sobreseimiento de la profesional. En forma subsidiaria, también cuestionó la formulación de cargos.
Sin embargo, la jueza de garantías Lorena Belén Chávez rechazó el planteo de prescripción y dio por formulados los cargos impulsados por la Fiscalía. La causa, de esta manera, continuará abierta. Ahora comienza una etapa clave para determinar qué sucedió con esas nueve facturas emitidas durante 2024.
La Justicia tendrá cuatro meses para desarrollar la investigación preparatoria y reunir las pruebas que permitan establecer las circunstancias en las que se utilizaron los datos tributarios del denunciante. Por ahora, la contadora permanece acusada. La acusación deberá ser respaldada con pruebas durante el proceso judicial, mientras el denunciante intenta dejar atrás las consecuencias fiscales de una facturación millonaria que asegura no haber realizado.
