La investigación por el crimen de Julián Dobra sumó un capítulo decisivo en General Roca. La Fiscalía pidió que uno de los siete imputados deje de responder por encubrimiento y sea acusado como presunto coautor del homicidio, con prisión preventiva. Para sostener el cambio de calificación, presentó nuevas pruebas científicas, rastros de calzado, registros telefónicos, geolocalizaciones y pericias genéticas que, según la acusación, comprometen a los sospechosos y permiten avanzar hacia el juicio.
El planteo fue realizado durante una audiencia ante el juez Julio Martínez Vivot. El equipo fiscal, integrado por Belén Calarco y Marcelo Ramos, explicó que logró completar el análisis de evidencias que estaban pendientes y que esos resultados modificaron la situación de uno de los acusados.
La nueva calificación incluye homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores y el uso de arma de fuego, además de hurto calificado. Para la Fiscalía, el hombre habría participado en la planificación del ataque y en la utilización de adolescentes para concretarlo.
Entre las pruebas presentadas aparecen los peritajes que encontraron correspondencias entre rastros de calzado y unas zapatillas secuestradas a uno de los imputados. También se incorporaron informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas, capturas de los últimos mensajes entre Dobra y los sospechosos y material fotográfico y fílmico encontrado dentro del Suzuki Fun de la víctima. La investigación también relevó comunicaciones que habrían sido borradas minutos después del hecho.
Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo relacionado con las pericias forenses. La autopsia determinó que Julián presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre, además de heridas provocadas por un objeto contundente secuestrado durante la investigación. También se estableció que tenía signos de agonía. A esto se sumó un resultado positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, según informó el Laboratorio Regional de Genética Forense.
Con este conjunto de elementos, la Fiscalía pidió que el hombre cuya situación procesal fue agravada quede bajo prisión preventiva. Para otro adulto acusado como coautor del homicidio solicitó que continúe detenido. Respecto de los cuatro adolescentes punibles, requirió mantener el arresto domiciliario y el tratamiento tutelar de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para tres de ellos, mientras que para el restante, acusado de encubrimiento agravado, pidió que continúe con presentaciones periódicas. Para otro adulto imputado por encubrimiento agravado por ánimo de lucro solicitó prisión domiciliaria con pulsera electrónica.
Sin embargo, las defensas rechazaron los planteos. Finalmente, el juez Julio Martínez Vivot deberá resolver si acepta la nueva calificación legal y los pedidos de medidas cautelares formulados por la Fiscalía. El Ministerio Público también solicitó extender la investigación penal preparatoria hasta el 10 de febrero de 2027. La audiencia dejó expuesta la estrategia de la acusación para llevar a los siete imputados a juicio, con una nueva imputación que podría cambiar el escenario judicial de uno de los adultos investigados.
