Una tranquera con candado alcanzó para complicarle la vida a una familia de El Manso Inferior. Durante años utilizaron un camino que atraviesa un campo particular para llegar a la Ruta 83, pero el propietario cerró el acceso y los dejó frente a un problema que va mucho más allá de una disputa por un terreno: conseguir alimentos, sacar su producción y tener una salida ante una emergencia médica. Ahora, la Justicia ordenó que el paso vuelva a estar garantizado, al menos durante tres meses.
La familia vive del otro lado del río Manso y depende de ese recorrido para conectarse con el resto de la zona. La rutina incluye cruzar el río en bote, llegar hasta un predio privado donde dejan un vehículo y continuar por un sendero que conduce a una tranquera de madera. Según la presentación judicial, uno de los pobladores había construido esa tranquera con autorización del dueño del campo. El sistema funcionó durante años, hasta que apareció el candado que bloqueó el acceso.
El problema no es menor para quienes viven de la cría de vacas, ovejas y aves. Necesitan sacar la producción para venderla, comprar víveres y trasladar alimentos y forraje para los animales. Con el paso cerrado, cada una de esas tareas quedó condicionada por una restricción que, según plantearon ante la Justicia, amenaza con complicar su propia subsistencia.
Pero hay un aspecto todavía más delicado: la salud de algunos integrantes de la familia. Entre ellos hay una mujer de avanzada edad que padece distintas dolencias, un hombre con problemas cardíacos y una niña con discapacidad. La preocupación es qué podría ocurrir si alguno necesita atención médica urgente y el acceso habitual continúa bloqueado. En un lugar donde llegar a la ruta es fundamental, una tranquera cerrada puede convertirse en un obstáculo decisivo.
El conflicto ya había pasado por el Juzgado de Paz de El Manso, que dispuso una solución provisoria por 90 días: colocar un candado con dos llaves, una para el propietario y otra para la familia. Cuando ese plazo venció, uno de los pobladores acudió al fuero civil con el patrocinio de la Defensa Pública para pedir una medida cautelar que impidiera modificar las condiciones de acceso. La discusión terminó así en manos de la jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón.
La magistrada consideró acreditado el uso tradicional del camino a partir de la documentación presentada y de los antecedentes de la intervención judicial. También tuvo en cuenta los posibles perjuicios económicos, las dificultades para garantizar la subsistencia y los riesgos vinculados con la salud. Por eso ordenó al dueño del inmueble, ubicado sobre la Ruta 83, a unos tres kilómetros del Puente Verde del río Foyel, permitir el paso por el sendero y la tranquera existentes, con el sistema de candado y dos llaves para que ambas partes puedan utilizarlo.
