El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre de 64 años acusado de haber agredido a un brigadista del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) en el paraje El Manso. El hecho ocurrió el pasado 8 de enero, alrededor de las 14, y dejó como saldo lesiones leves en la mano izquierda de la víctima.
La imputación fue presentada ante el juez de garantías interviniente, quien dio por formulados los cargos y dispuso medidas cautelares.
Cómo ocurrió el hecho
Según la acusación fiscal, el episodio se produjo en la pasarela sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 22. Allí, el imputado interceptó al brigadista, comenzó a increparlo de manera alterada y lo siguió por el camino mientras lo insultaba y le propinaba golpes de puño.
Una tercera persona intervino para separar al agresor, lo que permitió que la víctima intentara retirarse del lugar.
De acuerdo con la investigación, el agresor regresó instantes después y extrajo una navaja de aproximadamente 22 centímetros, con la que lesionó la mano izquierda del brigadista cuando este intentó protegerse.
La agresión cesó cuando la víctima sacó un machete de su mochila de trabajo, lo que disuadió al atacante, que finalmente se retiró del lugar.
Calificación legal y pruebas reunidas
El hecho fue calificado provisoriamente como lesiones leves, en los términos del artículo 89 del Código Penal.
La Fiscalía fundamentó la imputación con:
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la denuncia penal,
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el certificado médico de las lesiones,
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un informe de la División Judicial de Investigaciones,
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el acta de allanamiento en la que se secuestró la navaja,
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una inspección ocular con registro fotográfico,
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y la notificación formal de imputación.
Postura de la defensa y medidas cautelares
La defensa del imputado señaló que su versión de los hechos difiere de la expuesta por la Fiscalía y que será desarrollada durante la investigación penal preparatoria. Tanto la defensa como el MPF manifestaron su voluntad de trabajar hacia una solución pacífica del conflicto.
El juez de garantías dispuso como medida cautelar la prohibición de contacto entre el imputado y la víctima por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.
