La Justicia de Río Negro imputó a un empresario agrícola de Sargento Vidal después de que un procedimiento policial sacara a la luz un impactante arsenal oculto en una chacra del Alto Valle. En total, se secuestraron 49 armas de fuego y los peritajes posteriores determinaron que 11 de ellas no estaban registradas ante el organismo correspondiente. Ahora enfrenta una causa por tenencia ilegal de armas de guerra.
El hallazgo se produjo a partir de una situación que, en principio, parecía rutinaria. La noche del 19 de junio de 2025, personal de la Comisaría 44 de Villa Manzano llegó a la propiedad rural tras recibir un llamado al 911. Un cuidador había advertido movimientos extraños y la presencia de personas desconocidas dentro de la vivienda principal de la chacra.
Sin embargo, cuando los efectivos ingresaron con autorización de los cuidadores, se encontraron con una escena inesperada. A simple vista observaron una enorme cantidad de armas distribuidas en distintos sectores del inmueble. Frente a semejante panorama, avanzaron con el secuestro preventivo del material y comenzaron las actuaciones judiciales para determinar su procedencia y situación legal.
Luego, los especialistas del Gabinete de Criminalística y del área de Armería analizaron una por una las armas secuestradas. El resultado encendió las alarmas: 11 no figuraban registradas. Además, entre el arsenal había armas largas de distintos calibres catalogadas como armas de guerra y todas se encontraban aptas para el disparo, según se informó durante la audiencia judicial.
Por ese motivo, este martes la fiscal adjunta de la unidad descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos contra el empresario por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza de Garantías tuvo por acreditados los elementos iniciales de la acusación, dio por formalizada la investigación y fijó un plazo de cuatro meses para profundizar la recolección de pruebas.
Por su parte, la defensa no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal presentada por la Fiscalía, aunque sostuvo que el imputado es un conocido coleccionista de armas y una persona vinculada desde hace años a la cultura armamentística de la región. Además, reclamó la devolución de las otras 38 armas que formaban parte del lote secuestrado, junto con municiones y accesorios, al sostener que un perito armero acreditó que su tenencia era legal.
En su presentación, el coleccionista argumentó que varias de esas piezas poseen un importante valor y manifestó su preocupación por antecedentes de extravíos de armas bajo custodia judicial. La referencia apuntaría al escándalo que sacudió a General Roca tras la desaparición de más de un centenar de armas que habían sido secuestradas en distintos hechos delictivos y permanecían almacenadas en un depósito judicial.
Mientras tanto, la investigación seguirá avanzando para determinar las responsabilidades penales.
