Una mujer quedó imputada por su presunta participación en un asalto en una vivienda del barrio Rincón de Oro, en General Fernández Oro, donde dos hombres treparon un cerco de más de dos metros, forzaron una puerta y robaron dos bicicletas y una computadora portátil.
Según la acusación fiscal, ella los trasladó hasta el domicilio en su camioneta, esperó mientras cometían el robo y estaba preparada para facilitarles la huida. La investigación permitió recuperar los rodados sustraídos y secuestrar el vehículo, mientras la Justicia le impuso una obligación de fijar domicilio y habilitó cuatro meses para avanzar con la causa.
El golpe ocurrió durante la mañana del 31 de marzo. De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal adjunto Gabriel Lamas, la mujer llegó al barrio al volante de una camioneta y llevó a dos hombres que todavía no fueron identificados hasta la vivienda elegida como objetivo. La maniobra, según la acusación, no se limitó a acercarlos al lugar: su función habría sido garantizar el traslado y servir de apoyo para escapar después de concretar el robo.
Pero el plan se complicó cuando el dueño de casa escuchó ruidos en la planta baja. Al advertir lo que estaba ocurriendo, pidió auxilio a los gritos y provocó la fuga de los dos intrusos. La secuencia dejó una pista clave para los investigadores: el vehículo utilizado para llegar al domicilio. El relevamiento de las cámaras de seguridad del sector permitió establecer que la camioneta no había salido del barrio y orientar las averiguaciones hacia el lugar donde estaba estacionada.
Con esa información, la investigación avanzó hasta un allanamiento en la vivienda de la mujer. Allí, los efectivos secuestraron la camioneta señalada como parte de la maniobra y encontraron las dos bicicletas sustraídas. La víctima reconoció los rodados, que posteriormente le fueron restituidos. Sin embargo, los otros dos sospechosos continúan sin ser identificados.
En la audiencia judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó a la mujer el papel de partícipe necesaria en un robo doblemente agravado: por escalamiento y por haber sido cometido en poblado y en banda. Finalmente, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel tuvo por formulados los cargos y habilitó una etapa penal preparatoria de cuatro meses para profundizar la investigación.
