Un hombre identificado como J.A.R. fue imputado por la Justicia de Neuquén por presunta caza de animales de la fauna silvestre cuya captura está prohibida y por tener una escopeta sin autorización legal. La formulación de cargos fue realizada este martes por la fiscal del caso Julieta González, durante una audiencia en la que además solicitó un plazo de dos meses para avanzar con la investigación preparatoria.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre habría realizado actividades de caza entre principios y mediados de diciembre de 2025, incluyendo especies cuya captura se encuentra prohibida en la provincia.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por personal de la Dirección Provincial de Fauna. Entre los elementos aportados había fotografías en las que se observaba al imputado junto a un choique muerto y una camioneta en la que había distintos animales faenados. Entre estos últimos se encontraba una liebre mara, especie considerada vulnerable.
A partir de esos elementos, el 16 de diciembre de 2025 se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en China Muerta. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dentro de un freezer dos picañas de ñandú petizo, dos piches —uno de ellos completo— y un huevo de choique.
Pero los elementos vinculados con la presunta actividad de caza no terminaron allí. También fueron secuestrados una carpa, una trucha y astas de ciervo. En el patio de la vivienda, además, se encontró el caparazón de un armadillo.
También le encontraron una escopeta
La acusación contempla además un segundo hecho. Según planteó la fiscal González, J.A.R. tenía en su poder una escopeta marca Ward Western Field, modelo 60, apta para el disparo, pero no contaba con autorización legal para tenerla ni figuraba registrado como legítimo usuario.
Por este motivo, la Fiscalía atribuyó al hombre los delitos de caza de fauna silvestre cuya captura está prohibida, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, en carácter de autor.
Durante la audiencia, la fiscal solicitó que se establezca un plazo de dos meses para completar distintas medidas de investigación. Uno de los elementos que resta analizar es el teléfono celular secuestrado durante el procedimiento. Según explicó González, la información contenida en el dispositivo podría permitir precisar las fechas en las que presuntamente se desarrollaron las actividades de caza.
El juez de garantías Raúl Aufranc avaló el planteo de la Fiscalía, tuvo por formulados los cargos y fijó en dos meses el plazo de la investigación preparatoria. Además, dispuso como medida que el imputado permanezca localizable y atento a las notificaciones judiciales.
La causa continuará ahora con el análisis de la evidencia secuestrada y de la información obtenida durante la investigación, mientras se intenta determinar con mayor precisión el alcance de las presuntas actividades de caza atribuidas al acusado.
