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Un hombre de Zapala fue imputado por alterar un pagaré y reclamar $33 millones por una deuda de $9 millones

Un hombre fue imputado en Zapala por presuntamente alterar un documento firmado como garantía de una deuda por la compra de un vehículo. La diferencia supera los $24 millones y el reclamo llegó a la Justicia civil, donde se ordenó un embargo. 

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Viernes, 23 de octubre de 2026 a las 11:40
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El fiscal del caso Marcelo Jofré formuló cargos contra un hombre por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal.

Un pagaré firmado en blanco, una deuda de $9 millones y un reclamo judicial por más de $33 millones. Ese es el eje de una investigación penal en Zapala, donde un hombre fue imputado por presuntamente alterar un documento para incrementar el monto de una obligación económica y utilizarlo para intentar cobrar una suma muy superior a la acordada.

El fiscal del caso, Marcelo Jofré, formuló cargos contra R.O.V. por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal, ambos en grado de tentativa, en carácter de autor y en concurso ideal. Según la acusación, el hombre habría completado el pagaré con un monto de $33.440.000, pese a que el documento había sido entregado para garantizar un saldo de $9.000.000 por la compra de un vehículo.

La diferencia entre ambas cifras supera los $24 millones. Sin embargo, el cobro no llegó a concretarse y la investigación penal preparatoria continuará durante cuatro meses.

 

De una deuda de $9 millones a un reclamo por más de $33 millones

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en Zapala entre febrero y abril de 2026, en el marco de una relación comercial que había comenzado aproximadamente en mayo de 2025.

En ese contexto, la víctima le entregó a R.O.V. un pagaré firmado, pero con el espacio destinado al monto todavía en blanco. El documento debía funcionar como garantía del pago de un saldo de $9.000.000 correspondiente a la compra de un vehículo, cuya financiación se había acordado por un plazo de tres meses.

Según la acusación fiscal, el imputado habría completado posteriormente el pagaré con una cifra de $33.440.000. Además, habría incorporado fechas de libramiento y vencimiento que le permitieron utilizar el documento para iniciar un reclamo judicial.

La maniobra investigada habría transformado una garantía por una deuda de $9 millones en un instrumento con el que se reclamaban más de $33 millones, sin que ese incremento estuviera respaldado por el acuerdo comercial original, según la teoría del caso expuesta por el fiscal.

 

El reclamo llegó a la Justicia y se ordenó un embargo

El 14 de abril de 2026, el acusado inició un juicio ejecutivo de cobro de pesos para reclamar los $33.440.000, más intereses, gastos y costas.

En el expediente civil, el juez interviniente ordenó intimar al pago y dispuso un embargo. Sin embargo, el procedimiento no terminó con el cobro de la suma reclamada.

El 8 de septiembre de 2026, el mismo magistrado suspendió el dictado de la sentencia definitiva hasta que concluya el proceso penal. De esta manera, el reclamo económico quedó sujeto al avance de la investigación sobre la presunta alteración del documento.

Para la Fiscalía, el uso del pagaré en el expediente civil forma parte de la maniobra investigada, ya que habría sido el medio utilizado para intentar obtener judicialmente el pago de una suma superior a la deuda original.

 

Qué resolvió el juez y cómo seguirá la causa

Durante la audiencia realizada el viernes 23 de octubre, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz hizo lugar a los planteos del fiscal Marcelo Jofré y tuvo por formulados los cargos contra R.O.V.

La imputación contempla dos figuras penales: defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal, ambas en grado de tentativa y en concurso ideal. La calificación es provisoria y corresponde a la hipótesis acusatoria presentada durante esta etapa del proceso.

El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria. Además, dispuso que se realice una audiencia de control de investigación dentro de los próximos dos meses.

Durante ese período, la Fiscalía deberá avanzar en la recolección y el análisis de las pruebas para determinar las circunstancias en las que se completó el pagaré, el alcance del acuerdo comercial original y el uso que se hizo del documento en el juicio ejecutivo.

Por el momento, el caso continúa en etapa de investigación. La formulación de cargos no implica una condena: la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse conforme al avance del proceso y las pruebas que se incorporen a la causa.

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