Dos hombres, Rafael Ignacio Noves y a su hijo Fredi, de 27 años, quedaron imputados como coautores del homicidio de Ceferino Antonio Paine, ocurrido ayer en un establecimiento rural de Pilcaniyeu, en plena Línea Sur rionegrina. La Fiscalía sostiene que ambos participaron conjuntamente de una agresión con llaves de cruz que terminó con la muerte de la víctima y pidió que permanecieran detenidos durante la investigación, aunque el juez de Garantías Ricardo Calcagno rechazó esa medida y les impuso reglas de conducta.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en el establecimiento San Rafael. Según la acusación presentada por la fiscal Daniela Celoria y la fiscal adjunta Nieves Papa Tello, Paine fue atacado y recibió múltiples golpes, principalmente en la cabeza. El informe del médico forense, ampliado después de la autopsia, también registró una lesión defensiva en uno de sus brazos, un dato que quedó incorporado al expediente y que será analizado junto con el resto de la evidencia.
En la escena, los investigadores encontraron elementos que ahora forman parte de una causa que recién comienza a reconstruir cómo terminó muerto Paine. La Policía realizó las primeras actuaciones, Criminalística trabajó sobre el lugar y fueron secuestrados teléfonos celulares, prendas de vestir, una cámara de seguridad y otros elementos que podrían tener relación con la agresión. Todo ese material deberá ser sometido a peritajes para determinar qué ocurrió y qué papel tuvo cada uno de los acusados.
Mientras la Fiscalía sostiene la hipótesis de una participación conjunta, la defensa marcó que todavía falta determinar con precisión la conducta de cada imputado. El defensor penal oficial Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos y anticipó que la investigación tendrá que avanzar sobre las distintas versiones entregadas durante la audiencia. Ambos hombres declararon y dieron su propia explicación sobre lo sucedido.
Además, la defensa consiguió dejar afuera de la investigación una parte de las actuaciones policiales. Vigueras cuestionó que se incorporaran al acta manifestaciones atribuidas a uno de los hombres después de preguntas realizadas por policías. El juez Calcagno hizo lugar al planteo al considerar que esas expresiones habían sido obtenidas sin asistencia de la defensa, por lo que no podrán utilizarse de esa manera dentro del proceso.
La Fiscalía había pedido prisión preventiva para los dos imputados y argumentó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los elementos expuestos apareció además un dato sensible: según la acusación, la escena del crimen habría sido modificada antes de la llegada de la Policía. La defensa cuestionó esos argumentos y propuso alternativas menos restrictivas a la libertad.
Finalmente, el juez declaró legales las detenciones, tuvo por formulados los cargos por homicidio simple y estableció el 1 de marzo de 2027 como fecha límite para la investigación. Padre e hijo no quedaron presos, pero deberán presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a sus domicilios, informar cualquier cambio de residencia o ausencia y comunicar un número telefónico si adquieren uno.
