Cuatro efectivos de la Policía provincial fueron imputados por agredir y lesionar a dos jóvenes a la salida de un boliche de Centenario. El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de agosto, cuando, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, tres policías golpearon a las víctimas con puños y patadas en la vía pública, mientras que una cuarta agente habría omitido intervenir para detener la agresión.
Cabe señalar que los cuatro policías fueron pasados a disponibilidad mediante una resolución del jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, a partir del 11 de agosto.
La acusación fue presentada este jueves por la fiscal del caso Paula González durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Los imputados son el sargento Alejandro Gavilán, el cabo primero Nahuel Quiroz, el cabo primero Antonio Millao y la agente Agustina Benítez, todos integrantes de la Comisaría 52 de Centenario.
Dos policías lo sujetaron mientras otro lo golpeaba
De acuerdo con la investigación preliminar, el episodio ocurrió entre las 5:20 y las 5:30 del 1 de agosto, en las inmediaciones de un boliche ubicado en Jacinto Stabile 301. Las dos víctimas habían sido retiradas del establecimiento por personal de seguridad privada y, ya en la vía pública, Millao habría sujetado a uno de los jóvenes mientras Quiroz y Gavilán comenzaron a golpearlo.
Según explicó la fiscal, las víctimas lograron alejarse inicialmente del lugar, pero unos minutos después una de ellas regresó hacia el boliche. En ese momento, los tres efectivos volvieron a agredirlo, lo derribaron y continuaron golpeándolo cuando se encontraba en el piso. Cuando su amigo intentó auxiliarlo, también fue atacado.
La investigación cuenta con filmaciones de cámaras de seguridad del boliche y de un comercio ubicado en las inmediaciones. También se incorporaron entrevistas a las víctimas, testimonios relacionados con el servicio de policía adicional, registros médicos, fotografías, un informe de la Oficina Pericial de Investigaciones y pericias realizadas por médicos del Gabinete Médico Forense.
La fiscal González también atribuyó responsabilidad a la agente Benítez, quien, de acuerdo con la acusación, permaneció en el lugar sin intervenir para impedir o hacer cesar las agresiones. Para la fiscal, la mujer tenía, por su función policial, el deber jurídico de actuar ante lo que estaba ocurriendo.
Lesiones, imputación y medidas cautelares
Como consecuencia de los golpes, ambos jóvenes sufrieron distintas lesiones. Una de las víctimas presentó equimosis, una lesión en una pieza dental, una lesión en el antebrazo y una limitación en la movilidad del tobillo, mientras que la otra sufrió un hematoma en un ojo con hemorragia, derrame sanguíneo en el otro, excoriaciones, una lesión en el cuero cabelludo y hematomas en la región auricular.
El delito atribuido es el de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal. Para Gavilán, Quiroz y Millao, la fiscal planteó una atribución en calidad de autores, mientras que para Benítez la acusación fue formulada bajo la figura de omisión impropia, al considerar que tenía la obligación de intervenir.
Los cuatro policías fueron pasados a disponibilidad mediante una resolución del jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, a partir del 11 de agosto. Durante la audiencia, las defensas no se opusieron a la formulación de cargos, al plazo de investigación ni a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.
Finalmente, el juez Luciano Hermosilla hizo lugar a la formulación de cargos y estableció en cuatro meses el plazo para avanzar con la investigación. Además, dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto por cualquier medio con las dos víctimas y sus familias durante ese período.
