La causa por la presunta estafa contra el IPROSS sigue creciendo. Hoy, el Ministerio Público Fiscal imputó a una quinta persona por una maniobra que, según la investigación, permitió facturar durante casi dos años prestaciones de salud mental que nunca habrían sido brindadas a afiliados de la obra social provincial en San Cirano (Valle Sereno) de General Roca. Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de haber participado en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023.
De acuerdo con la acusación, la mujer habría actuado junto con un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología y las personas que dirigían el establecimiento de salud mental. Para la Fiscalía, todos habrían intervenido en un esquema destinado a generar documentación falsa para cobrar al IPROSS por servicios que, en realidad, no se prestaban.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra incluía la confección de historias clínicas adulteradas, planillas de asistencia con datos falsos e incorporaciones ficticias de pacientes ambulatorios a la modalidad de Hospital de Día. Ese sistema permitía facturar módulos de mayor valor económico, ya que se trata de prestaciones diferenciadas dentro del convenio firmado entre el establecimiento y la obra social.
Además, la investigación sostiene que los profesionales completaban, firmaban y enviaban la documentación necesaria para respaldar las facturas mensuales. Luego, esa información era remitida por las autoridades del establecimiento al área de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del IPROSS, donde se iniciaba el circuito administrativo que terminaba con la aprobación y el pago de las prestaciones.
Para los investigadores, toda la operatoria fue posible gracias al convenio vigente entre la obra social y el centro de salud mental, mediante el cual la institución asumía el compromiso de brindar distintos módulos de atención a los afiliados, entre ellos internación, Hospital de Día y programas de reinserción socioproductiva.
La acompañante terapéutica quedó imputada como partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública. La formulación de cargos fue aceptada por el juez de Garantías, que además habilitó una investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó un importante volumen de pruebas. Entre ellas figuran la denuncia presentada por el propio IPROSS en mayo de 2024, el expediente administrativo de la obra social, documentación sobre las facturaciones, el convenio prestacional, un informe técnico contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, órdenes de pago, informes de organismos nacionales y provinciales, la habilitación del establecimiento, registros del Ministerio de Salud y numerosas entrevistas realizadas durante la investigación.
Durante la audiencia, la defensa de la imputada no planteó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó una pericia caligráfica como parte de su estrategia para el avance del proceso. Con esta nueva imputación, la investigación suma cinco acusados y continúa profundizando una causa que pone bajo la lupa el manejo de millonarias prestaciones de salud mental pagadas con fondos públicos y que, según la Fiscalía, nunca llegaron a los pacientes.
