La Justicia de Río Negro sentó en el banquillo de los acusados a los directivos del centro de salud mental San Cirano (Valle Sereno) por estafar al IPROSS tratamientos que no realizaba, una maniobra que se extendió durante casi dos años. La acusación alcanza a la presidenta de la institución, a uno de sus socios y a tres profesionales de la salud, quienes están sospechados de haber participado en una maniobra que incluyó documentación adulterada, pacientes incorporados de manera ficticia, falsificación de historias clínicas y el cobro de prestaciones inexistentes a la obra social provincial.
La causa comenzó a tomar forma tras una denuncia presentada por el propio IPROSS en mayo de 2024. A partir de allí, fiscales y equipos técnicos avanzaron sobre una compleja investigación que terminó exponiendo lo que consideran un esquema organizado para obtener pagos indebidos de fondos públicos destinados a la atención de afiliados con problemas de salud mental.
Según la acusación presentada en la audiencia de formulación de cargos, los hechos se cometieron entre noviembre de 2021 y julio de 2023. Durante ese período, los investigadores sostienen que desde el establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A. se habrían generado facturaciones por prestaciones que nunca llegaron a brindarse a los pacientes.
Pero además, la maniobra tendría un agravante económico. De acuerdo con la Fiscalía, muchos de esos afiliados eran incorporados de manera ficticia a la modalidad denominada "Hospital de Día", una prestación especial de salud mental que posee valores superiores a otros tratamientos convencionales. Es decir, no solamente se habrían cobrado servicios inexistentes, sino que además se los habría facturado bajo un esquema más costoso.
En ese contexto, los fiscales describieron una operatoria en la que participaban distintos integrantes de la institución. Según la hipótesis investigativa, un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y una acompañante terapéutica confeccionaban historias clínicas, planillas de asistencia y registros de atención que no reflejaban la realidad de las prestaciones brindadas.
Posteriormente, toda esa documentación era enviada a la administración del establecimiento para generar la facturación mensual. Allí aparecía el rol central que la acusación le atribuye a la presidenta de la institución y a uno de sus socios. Ambos habrían intervenido en la presentación de la documentación ante el Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del IPROSS, permitiendo que los expedientes avanzaran dentro de la estructura administrativa de la obra social.
A partir de esa documentación, el organismo provincial generaba los correspondientes expedientes de pago que luego eran aprobados y finalmente abonados al prestador. Para los investigadores, ese circuito fue el mecanismo que permitió concretar la supuesta defraudación contra el Estado.
La Fiscalía calificó los hechos como "estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública", un delito que se atribuye en 21 hechos independientes. En el caso de la presidenta y el socio de San Cirano, deberán responder como coautores de la maniobra. Los tres profesionales, en tanto, fueron imputados como partícipes necesarios.
La investigación se sostiene sobre una importante cantidad de evidencia documental. Entre los elementos incorporados aparecen expedientes administrativos del IPROSS, convenios prestacionales firmados con el establecimiento, órdenes de pago, informes bancarios, documentación de ARCA, informes del Ministerio de Salud de Río Negro y un detallado informe contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal.
Además, los investigadores reunieron testimonios y documentación interna que permitieron reconstruir el funcionamiento del sistema de facturación cuestionado y determinar el recorrido que seguían los expedientes desde el establecimiento privado hasta la autorización final de los pagos.
Un dato que llamó la atención durante la audiencia fue que las defensas no formularon objeciones a la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria que se extenderá durante los próximos cuatro meses.
