Un verdadero milagro evitó que una violenta disputa terminara en tragedia en Chimpay. Un hombre está acusado de apuntarle directamente a la cabeza a una persona y gatillar al menos dos veces con un revólver calibre .22, pero el arma no disparó. Como si eso fuera poco, según la acusación fiscal, después le entregó el arma a un adolescente, que continuó intentando disparar hasta que finalmente una bala impactó contra el pilar de luz de una vivienda.
El violento episodio ocurrió el sábado 15 de agosto, alrededor de las 16:10, en inmediaciones de una casa ubicada sobre calle Meripal al 300. Según reconstruyó la Fiscalía, todo comenzó cuando un grupo de al menos siete personas llegó hasta el domicilio entre gritos, insultos y amenazas de incendiar la vivienda. En medio de la tensión, una mujer rompió uno de los vidrios de la casa y los ocupantes salieron a la calle.
Fue entonces cuando, de acuerdo con la acusación, el imputado tomó el revólver calibre .22, que portaba sin autorización legal, y apuntó directamente a la cabeza de una de las víctimas. Gatilló dos veces, pero el arma no funcionó. La situación pudo haber terminado en una masacre, pero la falla del arma evitó que los disparos alcanzaran a la persona señalada como blanco.
La escena no terminó allí. Siempre según la hipótesis presentada por el fiscal Matías Marcelo Álvarez Reynolds, el acusado le entregó el revólver a un adolescente, quien también habría intentado disparar. Finalmente, una bala salió y terminó impactando contra el pilar de luz de la propiedad, sin alcanzar a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar.
El Ministerio Público Fiscal acusó al hombre como presunto autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas y daño. Para sostener la acusación se incorporaron peritajes del Gabinete de Criminalística, registros de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y los resultados de tres allanamientos.
Durante la audiencia, el defensor oficial Mario Mauro Orlandini cuestionó la calificación legal planteada por la Fiscalía y pidió que su asistido recuperara la libertad, proponiendo como alternativa una prohibición de acercamiento a las víctimas. El fiscal, en cambio, reclamó que permaneciera detenido por el riesgo de que pudiera entorpecer la investigación, además de considerar la existencia de reiterancia.
Finalmente, el juez de Garantías Gastón César Pierroni tuvo por formalizados los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria de cuatro meses. También ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva durante ese mismo período, al considerar acreditados los riesgos procesales. La Justicia tendrá ahora cuatro meses para avanzar sobre las pruebas y determinar cómo fue exactamente una tarde en Chimpay que estuvo a centímetros de terminar en un homicidio.
