Mientras el intendente Marcelo Román estuvo hasta entrada la madrugada en su despacho con parte de su gabinete, resistiendo la ordenanza que dispuso su suspensión preventiva e inmediata, la Municipalidad decidió cancelar todas las actividades oficiales por el Día de la Independencia. El conflicto político y judicial ya tiene consecuencias concretas en la vida institucional de la ciudad.
Lejos de abandonar el edificio comunal tras la aprobación de la ordenanza por parte del Concejo Deliberante, Román optó por mantenerse en su despacho junto a sus principales colaboradores. Durante varias horas analizó la situación política, evaluó los alcances de la resolución y comenzó a delinear la estrategia con la que intentará revertir una medida que considera ilegal.
La tensión se instaló en el corazón del Municipio apenas unas horas después de que seis concejales opositores votaran a favor del apartamiento preventivo del jefe comunal, mientras otros tres rechazaron la iniciativa. La ordenanza dispone que la suspensión tenga aplicación inmediata y permanezca vigente hasta que exista una resolución definitiva en la causa penal en la que Román está imputado por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado.
Sin embargo, el intendente sostiene una postura completamente opuesta. Tras ser notificado, dejó en claro que analizará los plazos previstos en la Carta Orgánica Municipal y recordó que la normativa establece cinco días hábiles para definir si la ordenanza será vetada, promulgada y publicada antes de quedar firme. Esa interpretación es la que sostiene su decisión de permanecer en funciones mientras prepara la ofensiva judicial.
En medio de ese escenario de máxima incertidumbre, el Municipio difundió un escueto comunicado que sorprendió a los vecinos. Las actividades organizadas para conmemorar el 209° aniversario de la Independencia quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. La tradicional Caminata Patria Urbana, el Pericón Nacional y el Encuentro de Danzas Folklóricas, previstos como eje de la celebración, fueron cancelados en un contexto atravesado por la crisis política.
La decisión dejó en evidencia que el conflicto ya excede el plano judicial y comenzó a impactar de lleno en el funcionamiento cotidiano de la administración municipal. Aunque oficialmente no se brindaron mayores explicaciones, la suspensión de uno de los actos institucionales más importantes del calendario refleja el delicado momento que atraviesa el Ejecutivo local.
Mientras tanto, la disputa institucional continúa abierta. La ordenanza fue aprobada invocando el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita la suspensión preventiva de funcionarios sometidos a un proceso penal. Para el Concejo Deliberante, la aplicación inmediata de la medida busca garantizar la continuidad institucional y evitar que la situación judicial del intendente afecte el normal funcionamiento del Municipio.
Román, en cambio, anticipó que recurrirá a la Justicia para impugnar la decisión. El jefe comunal insiste en que su apartamiento carece de sustento legal y sostiene que continuará ejerciendo su defensa hasta agotar todas las instancias previstas por la normativa vigente.
Si la suspensión preventiva termina consolidándose, será el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quien deba asumir provisoriamente las funciones del Ejecutivo, tal como establece la Carta Orgánica. Sin embargo, mientras esa definición no se resuelva, Allen permanece inmersa en una pulseada política e institucional que suma incertidumbre y mantiene en vilo el futuro inmediato del gobierno municipal.
