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Acusaron al intendente de Allen por el uso de un celular comprado con fondos públicos

El libertario Marcelo Román quedó formalmente acusado por peculado y administración fraudulenta; también imputaron al empresario que habría utilizado el teléfono comprado con fondos públicos

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Jueves, 18 de junio de 2026 a las 14:39
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El intendente Marcelo Román está acusado de administración fraudulenta por un celular municipal que usaba un tercero

La causa que sacude a la Municipalidad de Allen dio un paso clave. La jueza Natalia González formuló cargos contra el intendente Marcelo Román por peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación. La maniobra que gira alrededor de un teléfono celular adquirido con dinero municipal que habría terminado en manos de un particular.

La decisión judicial se conoció durante una audiencia realizada en los Tribunales de Roca y representa un fuerte golpe para el jefe comunal de Allen, dirigente de La Libertad Avanza. Según sostiene la Fiscalía, el caso comenzó a tomar forma tras una denuncia impulsada por integrantes del Tribunal de Cuentas local, quienes advirtieron irregularidades vinculadas a la compra y utilización de un Samsung A34 adquirido con fondos de la comuna. Un aparato que en el mercado, tiene un valor actualizado de unos 300 mil pesos.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el teléfono fue comprado por el Municipio y la línea continuó siendo abonada con recursos públicos. Sin embargo, el aparato habría sido utilizado por Sebastián Ocampo, una persona que no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal. Ese punto es precisamente el corazón de la investigación y el que llevó a la Fiscalía a impulsar cargos por delitos contra la administración pública.

Pero además de la imputación, la audiencia dejó otro dato relevante. La jueza rechazó uno de los planteos más importantes de las defensas, que buscaban excluir del expediente la declaración de Griselda Morel, exsecretaria de Hacienda. Los abogados de Román y Ocampo argumentaban que la exfuncionaria había participado del procedimiento administrativo relacionado con la compra del teléfono y que, por esa razón, no podía ser considerada una simple testigo.

Sin embargo, González descartó ese planteo. La magistrada sostuvo que Morel no tiene condición de imputada ni fue señalada formalmente como responsable de delito alguno. Además, entendió que durante su declaración no se autoincriminó y que sus dichos apuntaron a conductas atribuidas a terceros. De esta manera, uno de los testimonios que la Fiscalía considera clave seguirá formando parte de la evidencia reunida.

Mientras tanto, la fiscal Celeste Benatti, acompañada por la fiscal Jefa Graciela Echegaray, defendió la solidez de la investigación y aseguró que la acusación no se sostiene únicamente en testimonios. Según expuso durante la audiencia, existen documentos, informes técnicos, análisis de comunicaciones y otras pruebas que respaldan la hipótesis de que el teléfono municipal terminó fuera del ámbito de la administración pública.

Por su parte, las defensas insistieron en cuestionar la acusación. El abogado de Román, Matías Rubio remarcó que no existe evidencia directa que permita afirmar que el intendente entregó personalmente el celular a Ocampo. Además, recordó que el día en que se concretó la compra del aparato el intendente se encontraba en Neuquén realizando otros trámites vinculados a la adquisición de un vehículo. En la misma línea, el defensor Federico Diorio cuestionó distintos aspectos de la investigación y de la calificación legal impulsada por la Fiscalía.

Ahora la causa ingresa en una etapa decisiva. Tras el debate entre las partes, las representantes del Ministerio Público solicitaron 4 meses para avanzar en la invetigación, sin embargo la jueza redujo los plazos a la mitad. Entre los argumentos expuestos mencionó que el teléfono todavía no fue hallado y que las medidas pendientes pueden concretarse en un período más breve.

La investigación comenzó en junio de 2025 y desde entonces incluyó allanamientos, secuestro de documentación, análisis de teléfonos celulares y declaraciones de funcionarios y empleados municipales. Con la formulación de cargos ya confirmada, el expediente avanza sobre una de las denuncias más delicadas que enfrenta actualmente la gestión de Román, mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió realmente con el celular comprado con dinero de todos los vecinos de Allen.

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