En el hospital Francisco López Lima de General Roca, solo se habla de la nueva denuncia relacionada con un presunto ejercicio ilegal de la medicina. Esta vez quien encendió la alarma fue un médico especialista en anatomía patológica que forma parte del propio sistema de Salud Pública. El planteo apunta a la intervención de una bioquímica en procesos vinculados con el diagnóstico de muestras de pacientes y ya quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia fue presentada el 23 de julio y apunta directamente al funcionamiento del área de anatomía patológica. Según expuso el profesional, desde noviembre de 2025 la Dirección del López Lima habría avalado que una bioquímica participara en el análisis de muestras y en la emisión de informes vinculados con estudios diagnósticos. Entre los casos señalados aparecen pruebas de Papanicolau, un procedimiento cuya interpretación puede resultar determinante para detectar lesiones que requieren nuevos estudios o tratamientos.
Pero el planteo judicial no se limita a quién firma un papel. Según la denuncia, algunas muestras de pacientes de Salud Pública habrían salido del circuito habitual del hospital para ser analizadas en un laboratorio privado ubicado fuera de General Roca. El resultado de esos estudios habría regresado luego mediante informes firmados por una profesional de la bioquímica. Ese procedimiento es precisamente uno de los puntos que ahora deberá revisar la Fiscalía para determinar si se ajustó a la normativa vigente.
El médico denunciante sostiene que la situación podría chocar de frente con la Ley Provincial 3338, que reserva para los profesionales médicos matriculados determinadas funciones vinculadas al diagnóstico. Y allí aparece el punto más sensible de toda la investigación: la citología oncológica no es un trámite burocrático. De sus resultados pueden depender controles especializados, estudios complementarios, biopsias, intervenciones quirúrgicas e incluso tratamientos contra el cáncer. Por eso, cualquier irregularidad puede tener consecuencias que exceden largamente una discusión interna entre profesionales.
La advertencia, además, no llegó directamente a los tribunales. Antes de recurrir a la Justicia, el médico había presentado una nota ante la Dirección del hospital el 14 de julio, donde dejó asentadas sus objeciones y explicó los riesgos que, a su entender, implicaba el procedimiento. Sin embargo, ante la falta de cambios que considerara suficientes, decidió avanzar con la denuncia penal.
Este jueves, la fiscal y su equipo se presentaron en el López Lima para requerir documentación relacionada con la intervención de la bioquímica y el recorrido de las muestras tomadas a pacientes de Salud Pública. La diligencia no fue considerada un allanamiento, ya que las autoridades hospitalarias pusieron la documentación a disposición de los investigadores. Ahora comienza una etapa clave: revisar expedientes, resoluciones, autorizaciones y protocolos para establecer exactamente qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si alguna de esas actuaciones puede constituir un delito.
Desde el ámbito judicial aclararon que existen diferencias importantes entre este caso y el de la denominada “falsa médica” denunciada meses atrás por el Ministerio de Salud. La profesional cuestionada en esta nueva investigación es doctora en Bioquímica y cuenta con especialización en citología.
