La creación y difusión de imágenes sexuales falsas (del inglés, deepfakes) de adolescentes mediante inteligencia artificial puede tener consecuencias judiciales que van mucho más allá de una situación de hostigamiento escolar. Así lo explicó Lautaro Arévalo, defensor del Niño y el Adolescente de Neuquén, al referirse a un hecho denunciado en un establecimiento educativo y a los cambios que introdujo el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El funcionario advirtió que muchos adolescentes todavía no dimensionan que cambió el marco legal que regula su responsabilidad por los delitos que cometen. Desde el 5 de septiembre de 2026, la Ley Nacional 27.801 alcanza a las personas desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando son imputadas por hechos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Para Arévalo, uno de los cambios más importantes no es solamente la reducción de la edad de imputabilidad, sino que ahora los adolescentes pueden quedar alcanzados por el sistema penal juvenil ante una mayor cantidad de conductas delictivas.
Deepfakes sexuales: por qué no es solamente bullying
Durante una entrevista brindada al programa Informe semanal, que se emite por AM 550 La Primera, Arévalo diferenció la creación de imágenes sexuales falsas del bullying tradicional. Se trata de una forma de violencia digital que puede involucrar una dimensión de género y generar consecuencias graves para la persona cuya imagen fue utilizada sin consentimiento.
Los deepfakes sexuales son contenidos manipulados mediante inteligencia artificial para colocar el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra y simular una situación sexual en la que nunca participó. El defensor explicó que, aunque actualmente no existe una figura penal específica que describa esta conducta, la Fiscalía debe analizar las circunstancias del caso para determinar qué calificación jurídica corresponde.
Una de las posibilidades que mencionó es el delito de lesiones graves, si se acredita que la difusión de esas imágenes produjo un daño psíquico objetivamente comprobable. También señaló que podría analizarse una calificación agravada por violencia de género, en el marco de la legislación vinculada con la violencia digital contra las mujeres, conocida como Ley Olimpia.
Sin embargo, aclaró que no se trata de una imputación automática: será necesario investigar quién produjo las imágenes, quiénes intervinieron en su difusión y qué consecuencias concretas sufrió la víctima.
Qué medidas pueden solicitarse para frenar la violencia digital
Ante situaciones de hostigamiento o violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes, Arévalo explicó que existen herramientas dentro de la Ley Provincial 2.302 para solicitar medidas de protección. Estas medidas no necesariamente deben tramitarse en el ámbito penal. También pueden solicitarse ante la Justicia de Familia, con el objetivo de garantizar que el adolescente pueda desarrollarse en un entorno libre de violencia.
Entre las alternativas se encuentran las medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima y evitar que continúen las situaciones que vulneran sus derechos.
El funcionario remarcó que la Defensoría de los Derechos del Niño tiene un papel de garante: su intervención busca exigir que las instituciones responsables cumplan con las obligaciones de protección.
En ese sentido, explicó que el primer paso debe ser reclamar ante el organismo que tiene la responsabilidad directa de resolver el problema. En una situación escolar, por ejemplo, corresponde acudir inicialmente al Consejo Provincial de Educación.
Si la institución no ofrece una respuesta adecuada y los derechos continúan vulnerados, entonces debe intervenir la Defensoría. Esta puede exigir medidas al Poder Ejecutivo y, si no se restablecen los derechos afectados, avanzar incluso hacia la judicialización.
Arévalo también aclaró que las actuaciones de las defensorías y de los juzgados de Familia tienen carácter reservado, por lo que no siempre es posible hacer públicas las medidas que se adoptan en cada situación.
Cómo avanza la implementación del Régimen Penal Juvenil en Neuquén
A poco más de dos meses de su entrada en vigencia, Neuquén atraviesa una etapa de adecuación institucional para aplicar plenamente el nuevo régimen. La ley comenzó a regir el 5 de septiembre, pero su implementación requiere coordinar el trabajo de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Entre los desafíos se encuentran la actualización de los procedimientos, la disponibilidad de dispositivos especializados para alojar adolescentes y el desarrollo de medidas alternativas a la privación de la libertad.
La Defensoría Pública neuquina definió criterios de actuación para compatibilizar la nueva normativa nacional con la Ley Provincial 2.302, que continúa siendo una referencia central para la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
También se planteó la necesidad de fortalecer el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el sistema, garantizar la continuidad educativa y capacitar a los operadores judiciales.
En septiembre, representantes del Gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia y distintos organismos judiciales trabajaban en un proyecto de adecuación para presentar ante la Legislatura. Uno de los puntos centrales era contar con infraestructura especializada, diferenciada de los establecimientos destinados a personas adultas.
Por lo tanto, la entrada en vigencia de la ley no significó que todas las estructuras necesarias estuvieran terminadas. El nuevo régimen ya debe aplicarse, mientras la provincia avanza en los cambios institucionales y normativos que demanda.
El rol de la Defensoría ante una vulneración de derechos
Arévalo insistió en que las familias cuentan con herramientas para exigir respuestas cuando una institución no garantiza los derechos de un niño o adolescente. En Neuquén capital, las presentaciones ingresan a través de una Mesa de Entrada única, que distribuye los casos entre las distintas defensorías. En el interior provincial, cada circunscripción judicial cuenta con su propia Defensoría.
El funcionario sostuvo que el objetivo es evitar que las familias queden sin respuestas y garantizar que las instituciones cumplan con sus responsabilidades, sin exponer innecesariamente a quienes atraviesan situaciones de violencia.
La advertencia de fondo es que la facilidad para crear y compartir contenidos mediante inteligencia artificial no elimina la responsabilidad por el daño que pueden provocar. Cuando se utilizan imágenes de una persona para fabricar escenas sexuales falsas, puede existir una vulneración de derechos con consecuencias judiciales.
