Seis horas de terror padeció una mujer el 29 de diciembre pasado en una zona rural de Lamarque, donde su expareja la citó y terminó manteniéndola cautiva, golpeándola en reiteradas oportunidades, abusando sexualmente de ella y amenazándola de muerte con un arma de fuego. La víctima incluso habría intentado escapar y logró comunicarse con el propietario del lugar, pero el hombre, que sabía lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda, permaneció afuera y no la auxilió.
La brutal secuencia terminó con un juicio abreviado y una condena de nueve años de prisión para el autor del ataque. La Fiscalía lo acusó por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por violencia y uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, amenazas y coacción con arma, tenencia ilegal de un arma de fuego, lesiones agravadas por el vínculo y por violencia de género y desobediencia.
Para el segundo involucrado, acusado de encubrimiento agravado, se acordó un año de prisión de ejecución condicional y estrictas reglas de conducta.
Para llegar al acuerdo, las fiscales Belén Calarco y Marisa Morandi contaron con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, la denuncia de la víctima, el preventivo de la Comisaría 17ª de Lamarque y documentación vinculada con una medida vigente en el marco de la Ley 3040. También se incorporó el informe médico forense que certificó las múltiples heridas que sufrió la mujer, además de las actuaciones del Cuerpo de Investigación Judicial y del Gabinete de Criminalística durante el allanamiento de la vivienda donde ocurrió el ataque.
El caso quedó expuesto ante el Tribunal Colegiado integrado por Maximiliano Camarda, Alejandro Pellizón y Luciano Garrido. Los jueces consultaron a los dos imputados si reconocían su participación, si aceptaban la calificación legal y si estaban de acuerdo con las penas. Ambos respondieron afirmativamente. La defensora penal pública Flavia Rojas, que asistió a uno de ellos, y el defensor particular del otro manifestaron que habían analizado los alcances del acuerdo y que no tenían objeciones.
Así, con el reconocimiento de los hechos y el aval de la víctima, la Fiscalía solicitó las penas acordadas: nueve años de prisión para quien la mantuvo cautiva, la golpeó, la amenazó y abusó sexualmente de ella, y un año de ejecución condicional para quien, según la acusación, conocía lo que estaba sucediendo y no intervino para ayudarla. Las partes renunciaron además a los plazos procesales, por lo que las condenas comenzaron a ejecutarse inmediatamente.
