El joven de 27 años acusado de participar en el violento enfrentamiento entre dos familias en el este de Bariloche quedó detenido con prisión preventiva, mientras la Justicia ordenó una evaluación de su salud mental durante cinco días. La medida se tomó después de que la defensa planteara que recibe tratamiento desde los 12 años, una hipótesis que la Fiscalía pidió analizar con respaldo médico. El caso sigue abierto y todavía deben esclarecerse las circunstancias en las que se produjo el tiroteo que dejó a dos mujeres heridas.
La resolución se conoció este miércoles, después de la audiencia de formulación de cargos. El juez César Lanfranchi declaró legal la detención y habilitó la investigación por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de armas. Además, dispuso que el acusado sea evaluado por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense antes de continuar con el procedimiento previsto para su traslado a una unidad penitenciaria.
El protagonista de la causa es Agustín Emiliano Roa, argentino, de 27 años. Según expuso la Fiscalía, cuando los policías llegaron al barrio San Francisco IV lo encontraron con una tumbera en la mano, cargada y lista para ser utilizada. La intervención se produjo después de una serie de llamados de vecinos que alertaron sobre agresiones y detonaciones, en medio de una disputa que involucra a las familias Roa y Vázquez.
Sin embargo, el expediente también abrió un frente que todavía debe esclarecerse. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que Roa recibe tratamiento de salud mental desde los 12 años y que toma medicación cuatro veces al día. Su abogado afirmó que el joven no habría recibido el tratamiento habitual durante la detención y pidió que se evaluara su estado. También mencionó lesiones en una mano y en el antebrazo, incluida una fractura expuesta. Esos planteos forman parte de la estrategia defensiva y deberán contrastarse con los informes médicos correspondientes.
La Fiscalía, por su parte, no dio por acreditada la hipótesis de un brote psicótico. El fiscal Facundo D’Apice señaló que, hasta ese momento, no contaba con un informe médico que indicara que el acusado había atravesado ese episodio o que estuviera imposibilitado de participar en la audiencia. Incluso indicó que había informes en poder de la Fiscalía que, según su interpretación, no respaldarían esa explicación. La fiscal adjunta María José Jalil también sostuvo que, por ahora, se trata de una hipótesis planteada por la defensa.
La evaluación ordenada por el juez durante cinco días será clave para aportar información profesional sobre la condición del imputado y determinar cómo debe continuar el proceso. No implica que la Justicia haya confirmado un brote psicótico ni que se haya descartado la responsabilidad penal. Mientras tanto, la acusación se mantiene y la Fiscalía sostiene que existen motivos para que el joven permanezca detenido.
En paralelo, los investigadores deberán reconstruir cómo comenzó la secuencia de violencia. Según la versión expuesta por la acusación, Roa fue hasta la vivienda de la otra familia mientras arrojaba piedras y, después de que varias personas salieran a perseguirlo, se refugió en su casa para buscar el arma. La defensa presentó un relato diferente: sostuvo que la madre del joven también había sido agredida y que él intervino para defenderla. El propio acusado manifestó que el conflicto había comenzado la noche anterior y que esa mañana ambos habían sido atacados.
Las pruebas reunidas incluyen fotografías del arma secuestrada, certificados médicos y registros de una cámara de seguridad que, según la Fiscalía, mostrarían el enfrentamiento. También se realizaron allanamientos en las viviendas involucradas, aunque durante esos procedimientos no se encontraron otras armas, de acuerdo con lo informado en la audiencia. Una de las mujeres heridas continuaba recuperándose y debía prestar declaración para aportar su versión de lo ocurrido.
El caso tiene un antecedente reciente que agrava el escenario: el 19 de octubre, los mismos grupos ya habían protagonizado una pelea a pedradas que terminó con una moto quemada. Ahora, con dos mujeres heridas, un arma casera secuestrada y un imputado con prisión preventiva, la Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento. La cercanía entre las viviendas, a menos de 200 metros, fue uno de los motivos invocados para sostener la necesidad de mantener al acusado detenido y proteger a las personas involucradas.
