Tres personas fueron imputadas este viernes por la usurpación del predio La Rosa, un terreno de aproximadamente seis hectáreas perteneciente a Patagonia Rugby Club, que había sido ocupado por unas 150 personas. La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez, quien anticipó que existen otras dos personas bajo sospecha por una posible instigación.
El dato que abrió una nueva línea en la causa es que algunas de las personas que participaron de la ocupación habrían tomado varias parcelas y luego las habrían ofrecido a la venta mediante redes sociales. La fiscalía busca determinar quiénes organizaron la convocatoria, quiénes participaron de la ocupación y quiénes estuvieron detrás de la presunta comercialización de los terrenos.
Narváez explicó el avance de la investigación durante una entrevista con “Entretiempo”, donde señaló que los celulares secuestrados durante los allanamientos del miércoles serán sometidos a peritajes informáticos. Allí podrían aparecer mensajes de WhatsApp y publicaciones que permitan reconstruir cómo se organizó la ocupación.
La fiscalía investiga una posible venta de terrenos usurpados
La investigación ya no se concentra únicamente en determinar quiénes ingresaron al predio La Rosa.
Según explicó el fiscal Narváez, una de las principales hipótesis apunta a establecer si algunas personas se apropiaron de distintas parcelas dentro del terreno para luego publicarlas y ofrecerlas en venta en redes sociales.
El predio tiene una superficie aproximada de seis hectáreas y, de acuerdo con la información aportada por la fiscalía, no todas las familias que ingresaron habrían tenido la misma conducta.
“Lo más preocupante y lo que debemos dilucidar es que existían algunas personas que publicaban ya en venta estos terrenos”, explicó Narváez durante la entrevista.
Por eso, la investigación busca separar las distintas responsabilidades dentro de la ocupación: quiénes ingresaron al predio, quiénes convocaron a otras personas y quiénes eventualmente intentaron hacer un negocio con terrenos que no eran de su propiedad.
Tres personas fueron imputadas y hay otros dos sospechosos
La fiscalía formuló cargos contra tres personas por el delito de usurpación.
Pero la investigación podría ampliarse. Narváez confirmó que existen al menos otras dos personas bajo sospecha de instigación, es decir, de haber promovido o impulsado la comisión del delito.
La principal evidencia para avanzar en esa línea podría surgir de los teléfonos secuestrados durante los allanamientos realizados el miércoles por la tarde.
Los investigadores analizarán conversaciones de WhatsApp, mensajes de difusión y otras comunicaciones para intentar reconstruir la convocatoria y determinar quiénes estuvieron detrás de la organización.
Los celulares pueden ser una pieza clave de la investigación
Los dispositivos secuestrados serán sometidos a una pericia informática.
El objetivo será determinar si existen conversaciones que permitan identificar a las personas que convocaron a la ocupación, la forma en que se difundió la convocatoria y eventuales comunicaciones relacionadas con la oferta de parcelas.
La evidencia digital también podría ayudar a establecer si hubo coordinación entre las tres personas imputadas y los otros sospechosos que analiza la fiscalía.
Para los investigadores, esa información puede resultar determinante para pasar de la identificación de quienes ocuparon el terreno a la reconstrucción de cómo se organizó la toma y si existió una estructura destinada a ofrecer los lotes ocupados.
¿Qué medidas deberán cumplir los imputados?
Durante la audiencia, el juez autorizó como medida de coerción que las tres personas imputadas no puedan acercarse al predio.
Además, deberán presentarse ante la fiscalía mediante comparendos, una medida destinada a garantizar que permanezcan sometidos al proceso mientras continúa la investigación.
La fiscalía también prevé entrevistar a algunas de las personas que participaron de la ocupación y que posteriormente se retiraron voluntariamente del lugar.
Esos testimonios podrían aportar información sobre quiénes realizaron la convocatoria, cómo se organizó el ingreso y quiénes ejercían algún tipo de coordinación dentro del predio.
El predio pertenece a Patagonia Rugby Club
El terreno ocupado es propiedad de Patagonia Rugby Club, entidad con la que la fiscalía ya tomó contacto.
Narváez explicó que se comunicaron con el presidente del club para que pudiera tomar posesión nuevamente del terreno y asegurar el predio.
Luego del desalojo pacífico, personal policial permaneció en el sector para custodiar el área y sus inmediaciones.
De esta manera, el objetivo inmediato de la intervención judicial fue recuperar el inmueble y restituirlo a su propietario.
La investigación tendrá cuatro meses
El juez otorgó a la fiscalía un plazo de cuatro meses para investigar el caso.
Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal buscará profundizar las pericias sobre los celulares y sumar nuevas medidas probatorias.
Uno de los principales objetivos será determinar si las personas que aparecen bajo sospecha de instigación tuvieron efectivamente participación en la convocatoria y si existe evidencia que las vincule con la presunta venta de parcelas del predio ocupado.
La investigación también deberá establecer el grado de responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas.
La fiscalía diferencia la necesidad habitacional de otras conductas
Durante la entrevista, Narváez también explicó el criterio de la fiscalía frente a las ocupaciones de terrenos.
El fiscal sostuvo que el objetivo del Ministerio Público Fiscal no es detener a todas las personas que participan de una usurpación, y reconoció que existe una problemática vinculada con el déficit habitacional.
Sin embargo, señaló que la investigación adquiere otra dimensión cuando aparecen indicios de que un terreno ocupado podría ser utilizado para obtener un beneficio económico mediante la venta de parcelas.
En este caso, la fiscalía busca determinar precisamente si esa conducta ocurrió y quiénes estuvieron involucrados.
