El fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos contra tres personas acusadas por ingresar y ocupar de manera clandestina un predio privado perteneciente a una asociación civil, ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Neuquén.
Según la acusación, el 18 de agosto de 2026, minutos antes de las 21.30, J.L.V., A.D.R. y E.A.A. ingresaron junto a otras personas al predio ubicado sobre calle Pedro Genco al 6500, entre El Búho y Rodolfo Fogwill. El fiscal del caso sostuvo que aprovecharon que el lugar estaba deshabitado y la oscuridad de la noche para ingresar con el objetivo de instalar un asentamiento.
Una vez dentro, comenzaron a montar carpas y casillas, encendieron fogatas y permanecieron en el lugar durante la noche. Al día siguiente y por orden fiscal, personal de la Comisaría 12 los intimó a retirarse voluntariamente en un plazo de 30 minutos. Sin embargo, explicó Narvaez, los tres imputados y el resto de las personas que permanecían en el predio se negaron a hacerlo y continuaron allí hasta el 26 de agosto.
La investigación determinó que en el lugar llegaron a permanecer alrededor de 150 personas. El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo que la ocupación fue organizada previamente mediante grupos de WhatsApp y redes sociales. Además, indicó que J.L.V., A.D.R. y E.A.A. figuraban como administradores de uno de esos grupos.
Como parte de la investigación se realizaron allanamientos en los domicilios de los tres imputados y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El fiscal del caso explicó que resta realizar pericias informáticas para analizar esa información e individualizar a otras personas que pudieron haber participado de la organización de la ocupación. También investiga una posible instigación a otras personas para cometer el delito.
Narvaez atribuyó a los tres el delito de usurpación por despojo, en calidad de coautores (artículos 181, inciso 1°, y 45 del Código Penal). La querella particular, en representación de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club adhirió a la imputación.
El juez Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y abrió la investigación preliminar preparatoria por un plazo de cuatro meses.
Medidas de coerción
Para resguardar la investigación, el fiscal Narvaez pidió que J.L.V. se presente cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal y que A.D.R. y E.A.A. lo hagan el primer día hábil de cada mes. Además, solicitó para los tres la prohibición de acercarse a menos de 100 metros del predio y de mantener contacto con las personas que participaron de la ocupación, por un plazo de cinco meses.
Narvaez fundamentó las medidas en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Señaló que los tres mostraron reticencia frente a las órdenes de retirarse del predio y que figuraban como administradores de un grupo de WhatsApp utilizado para coordinar la ocupación. La Fiscalía debe avanzar ahora con entrevistas a las personas que participaron de la toma y también investiga una posible instigación.
La defensa aceptó las presentaciones y la prohibición de acercamiento, pero cuestionó la prohibición de contacto por la falta de individualización de las personas alcanzadas y pidió que las medidas duraran cuatro meses.
El juez Marco Lupica Cristo hizo lugar parcialmente al pedido fiscal: fijó presentaciones quincenales para J.L.V. y mensuales para A.D.R. y E.A.A., mantuvo las medidas por cinco meses y estableció la prohibición de acercarse a menos de 100 metros del predio. Rechazó la prohibición de contacto por considerarla imprecisa y ordenó la inmediata libertad de los tres.
