La tragedia de la Ruta Nacional 22 todavía espera una instancia clave: el juicio que deberá determinar la responsabilidad penal de Axel Adrián “Chino” Araneda por el choque que terminó con la vida de cuatro personas. Mientras la causa se acerca a una definición sobre las pruebas que llegarán al debate, la jueza Laura Pérez volvió a rechazar el pedido de la defensa para que el imputado recupere la libertad y confirmó que continuará detenido con prisión preventiva.
La posibilidad de que el juicio comience antes de fin de año fue planteada por la fiscal Celeste Benatti durante una audiencia realizada este martes 13 de octubre en los tribunales de Roca. Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada. La decisión dependerá de la disponibilidad de la Oficina Judicial, que deberá organizar el debate una vez que se complete la etapa previa.
El próximo paso está previsto para el miércoles 21 de octubre, cuando continuará el control de acusación. Allí las partes deberán terminar de discutir y definir las pruebas y los testigos que formarán parte del juicio oral. La instancia está pendiente desde el 15 de septiembre y la jueza pidió acelerar los tiempos para evitar que el expediente siga acumulando demoras.
Libre y con tobillera con GPS
En la audiencia, el abogado defensor Sebastián Perazoli volvió a cuestionar la continuidad de la prisión preventiva. Sostuvo que, desde el inicio de la investigación, hubo cambios en la situación probatoria y consideró que su cliente podría esperar el juicio en libertad, bajo monitoreo electrónico y con controles judiciales.
Entre sus argumentos, el defensor señaló que no se acreditó la presencia de estupefacientes, cuestionó que el nivel de alcohol detectado permita aplicar ese agravante y sostuvo que tampoco existen pruebas de que Araneda estuviera utilizando el teléfono celular mientras conducía. Además, remarcó que hay diferencias entre los informes técnicos sobre la velocidad a la que circulaba la potente Volkswagen Amarok V6.
La defensa planteó que cuenta con dos pericias arrojan una velocidad inferior a la estimada en el informe de la Fiscalía. Esa controversia será uno de los puntos que deberán discutirse durante el juicio. Por ahora, las diferencias entre los estudios no modificaron la decisión judicial sobre la detención.
Perazoli también puso el foco en el tiempo que lleva preso el imputado, cercano a los once meses, y en la escala penal del delito atribuido, cuyo mínimo legal señaló en tres años. A partir de esos argumentos, pidió que se revisara la medida cautelar y se permitiera que Araneda aguardara el debate fuera de una cárcel.
La Fiscalía insiste con el riesgo de fuga
La fiscal Benatti se opuso al pedido y solicitó que la prisión preventiva se mantenga hasta el juicio. Para el Ministerio Público Fiscal, el riesgo de fuga continúa vigente y la acusación conserva dos agravantes centrales: el exceso de velocidad y la cantidad de víctimas fatales.
La representante fiscal también recordó que Araneda registra una condena anterior de la Justicia Federal, un antecedente que podría tener consecuencias en caso de que reciba una nueva condena. La querella acompañó la postura del Ministerio Público y sostuvo que las controversias sobre la mecánica del choque y las pericias deben resolverse en el debate oral, no mediante una modificación de las condiciones de detención.
Al resolver, Pérez consideró que los argumentos presentados por la defensa ya habían sido analizados en abril y que no aparecieron elementos suficientes para concluir que el peligro de fuga hubiera disminuido. No obstante, tampoco compartió el planteo fiscal de que ese riesgo hubiera aumentado por la proximidad del juicio.
La magistrada rechazó tanto la libertad como la posibilidad de sustituir la prisión preventiva por una modalidad domiciliaria en la chacra familiar de Guerrico con tobillera electrónica. También explicó que no corresponde analizar la eventual pena tomando únicamente el mínimo legal, sino contemplando los agravantes que siguen incluidos en la acusación y los antecedentes del imputado. Esa evaluación forma parte de la decisión cautelar y no implica un adelanto sobre la sentencia que pueda dictarse.
Pérez confirmó la continuidad de la prisión preventiva hasta el día del juicio, aunque señaló que no compartía la forma en que había quedado establecido ese plazo en la resolución anterior. Además, advirtió que, si el debate no se realiza antes de que Araneda cumpla un año detenido, la defensa podrá solicitar una nueva revisión de la medida.
Cuatro muertes que marcaron la Ruta 22
El hecho que originó la causa ocurrió el 21 de noviembre de 2025, en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, cerca de Allen. La Volkswagen Amarok V6 conducida por Araneda impactó desde atrás contra una Ford EcoSport en la que viajaba una familia de Catriel. Después del choque, el vehículo se incendió.
Las víctimas fueron Liliana Cocuzza, de 60 años; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza, de 32; y los dos hijos pequeños de esta última, de 4 y 6 años. Los cuatro murieron como consecuencia del siniestro. El único sobreviviente fue Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana y abuelo de los niños, quien había descendido de la EcoSport para acomodar el equipaje.
Desde entonces, la investigación avanzó entre discusiones por las circunstancias del impacto, las pericias accidentológicas y las medidas cautelares impuestas al imputado. Ahora, el expediente se encamina hacia una etapa determinante: terminar de definir qué pruebas serán admitidas y cuándo podrán ser escuchadas en el juicio.
Por eso, la audiencia del 21 de octubre será clave. Si las partes logran completar el control de acusación, la Oficina Judicial podrá avanzar con la organización del debate. La posibilidad de que comience antes de fin de año está sobre la mesa, pero todavía depende de una decisión pendiente.
