El Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió una investigación para determinar si una perito ofrecida por la defensa particular de Roberto Daniel Sánchez, acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, cometió delitos relacionados con el ejercicio ilegal de una profesión o la falsificación de documentación.
La decisión fue anunciada este miércoles durante una audiencia de control de acusación, instancia clave para cerrar la investigación y avanzar hacia la etapa de juicio. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto al fiscal jefe Agustín García y las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, informó que la documentación aportada por la defensa motivó la apertura de un legajo autónomo que será remitido a la fiscalía de Delitos Económicos.
Según explicó Inaudi, las dudas sobre la habilitación profesional de la perito no son recientes. Recordó que ya el 30 de diciembre, durante una audiencia de control de detención del imputado, los abogados querellantes habían advertido inconsistencias vinculadas a las matrículas profesionales presentadas por la especialista propuesta por la defensa.
Las verificaciones no lograron acreditar los títulos y matrículas invocados
Pese a esos cuestionamientos, la defensa volvió a ofrecer a la mujer como perito de parte para el juicio y acompañó un nuevo currículum vitae junto con un documento denominado "Informe Médico Legal", elaborado sobre el estado del acusado.
Durante la audiencia, la fiscal detalló que la profesional se presentó como "Perito Médico de Oficio Poder Judicial de la Nación", "Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría Forense" y "Perito Médico Legista y Forense", además de afirmar poseer título de médica expedido por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Frente a ello, el MPF impulsó distintas medidas para corroborar la autenticidad de la información. Las consultas realizadas en registros públicos de matrículas profesionales no permitieron verificar la correspondencia entre las credenciales consignadas y la identidad de la mujer.
A su vez, la Universidad de Buenos Aires informó que existe constancia de que la perito completó un curso de técnica auxiliar en radiología, pero no registró la existencia de un título de médica emitido a su nombre.
Antecedentes condenatorios por ejercicio ilegal de la medicina y uso de documentación falsa
La investigación también permitió establecer que la mujer posee antecedentes penales. De acuerdo con la información suministrada por el Registro Nacional de Reincidencia, el 5 de octubre de 2020 fue condenada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como autora del delito de ejercicio ilegal de la medicina. En esa oportunidad recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.
Además, el 5 de julio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal la condenó a un año y dos meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de estafa, usurpación de título y uso de documento público falso.
Para la Fiscalía, estos antecedentes adquieren especial relevancia debido a que la perito volvió a invocar la condición de médica y suscribió un informe médico legal presentado como prueba para el futuro juicio.
Ante este escenario, Inaudi resolvió remitir las actuaciones a la unidad fiscal especializada en Delitos Económicos, encabezada por el fiscal Juan Manuel Narváez, para que evalúe la posible existencia de nuevos delitos y determine las medidas de investigación correspondientes.
El juicio por el transfemicidio podría realizarse con jurado popular
Más allá de la situación de la perito, el eje central de la audiencia estuvo vinculado al avance de la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Durante la jornada de este jueves, las partes discutieron la admisibilidad de las pruebas que serán utilizadas en el debate oral y la Fiscalía reiteró su pedido para que el proceso se desarrolle bajo la modalidad de juicio por jurados.
Tanto la situación de la perito cuestionada como el resto de las planteos formulados por las partes serán resueltos por el juez de garantías Juan Guaita el próximo lunes, cuando defina los alcances de la etapa preparatoria y el camino hacia el juicio.