Otro integrante de la asociación ilícita que protagonizó violentos robos en viviendas de General Roca reconoció los delitos que le atribuyó la Fiscalía y terminó condenado a 6 años y 4 meses de prisión efectiva. El hombre llegó detenido a la audiencia y admitió haber formado parte de la organización y haber participado en tres hechos. Tras el pedido de la fiscalía y la Defensa Pública, el Tribunal Colegiado homologó el acuerdo y mantuvo la declaración de primera reincidencia.
La fiscal Verónica Villarruel describió ante los jueces el particular y violento mecanismo utilizado por la organización. Los delincuentes llegaban en uno o dos vehículos que habían sido robados previamente y elegían viviendas para ingresar por lugares poco visibles. Escalaban paredones y techos, irrumpían por las puertas traseras y reducían a las víctimas utilizando armas de fuego, para luego atarlas con alambres o precintos.
Ataban a las víctimas y procedían a robar
Una vez que tenían controlada la situación, comenzaba la búsqueda del botín. Según la acusación, exigían dólares y preguntaban dónde estaban las cajas fuertes, además de apoderarse de oro y distintos dispositivos electrónicos. Pero había un elemento que también buscaban especialmente: los DVR de las cámaras de seguridad, donde quedaban almacenadas las imágenes que podían comprometerlos.
Sin embargo, el intento de borrar sus rastros no impidió que los investigadores reconstruyeran sus movimientos. La Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar la multiplicidad de casos y coordinada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó un extenso trabajo de análisis de cámaras del 911 y particulares. Esa información fue cruzada con testimonios, pericias y datos obtenidos de teléfonos celulares.
En ese trabajo también fue determinante la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General, que analizó el tráfico de las antenas y permitió establecer las ubicaciones de los teléfonos utilizados por los imputados. A la investigación se sumó el Gabinete de Criminalística, con levantamiento de rastros, muestras odoríficas y material genético, mientras que la Oficina de Atención a la Víctima asistió a las personas afectadas.
Además, el expediente reunió denuncias de las víctimas, actas policiales, croquis, testimonios de vecinos y llamados al 911. Los allanamientos y requisas vehiculares también aportaron elementos de interés, entre ellos un equipo de comunicación con acceso a 12 frecuencias policiales, que tenía características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad. La pericia determinó que el aparato no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.
Con esta nueva condena, ya son dos los integrantes de la asociación ilícita condenados por los hechos, aunque la investigación todavía tiene varios capítulos por delante. Diez personas continúan vinculadas al proceso penal, todas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes, mientras la Justicia avanza para determinar la responsabilidad que tuvo cada una dentro de una organización acusada de ingresar violentamente a viviendas de Roca para someter a sus ocupantes y quedarse con importantes sumas de dinero y objetos de valor.
