La concejala de Villa La Angostura por el Pro, Marta Cicconi, manifestó su “desazón y preocupación” por la imputación realizada a los siete ediles por desobediencia a una orden judicial y sostuvo que “los argentinos no podemos rendirnos ante el atropello y el autoritarismo” que supone a intervención de un Poder del Estado sobre otro. “Viendo cómo se manejan, parece que quieren que les demos las llaves del concejo y cerrarlo”, enfatizó..
“No hay lugar para claudicar. Cuando asumí mi responsabilidad como concejal lo hice con todos los riesgos que esto conlleva: controlar los actos de quienes están acostumbrados a la impunidad puede ser peligroso”, expresó Cicconi, legisladora del Pro.
La edil angosturense, junto a otros 5 concejales y el presidente del Deliberante, está acusada de no haber cumplido una orden judicial (que no fue debidamente notificada) que suspendía la sesión en la que se realizaría el juicio político contra el secretario de Hacienda (al momento del hecho) de esa localidad. “No quiero que quede como anecdótico en esa persecución política de la que soy víctima que acá hay graves actos contra el dinero de los vecinos. Eso se intenta ocultar con este circo con carpa y payasos”, indicó.
Luego de la audiencia de formulación de cargos, Cicconi, acompañada por Nicolás Montero, abogado patrocinante, manifestó: “viendo cómo se manejan, parece que quieren que les demos las llaves del concejo y cerrarlo”.
Montero, por su parte, sostuvo que “hay precedentes en fallos nacionales y provinciales negando la viabilidad de la intromisión de una orden judicial en procesos de juicios políticos”.
Entre los argumentos que utilizaron para elevar los cargos, se mencionaron la lectura de información publicada en medio digitales locales y redes sociales, hecho que atribuye a un medio de comunicación la jerarquía de oficial de justicia capaz de notificar de una decisión de un juez.